Economía deja en el aire la figura del agente centralizador

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leoplus. Fickr. Creative Commons

Cuando en septiembre se publicó la reforma de la Ley de IIC, el sector recibió muy negativamente la figura del agente centralizador que se recogía en el texto. No obstante, quedaba pendiente de desarrollo reglamentario y podría no llegar a implementarse, puesto que en el Reglamento que el Tesoro ha remitido al Consejo de Estado para su aprobación ni si quiera se hace mención a esta figura.

Dos despachos de abogados consultados por Funds People coinciden en señalar que podría ser que, finalmente, no llegue nunca a desarrollarse e, incluso, apuntan la posibilidad de que se modifique la Ley para eliminar la referencia a esa figura.

Dentro de la reforma de la Ley de Instituciones de Inversión Colectiva aprobada en septiembre, se incluyó una disposición por la cual, como novedad, las gestoras extranjeras estarían obligadas a designar un agente centralizador de los partícipes españoles con el fin centralizar la información fiscal de los clientes. Con esta medida lo que buscaba la Administración es que se cumpla realmente con la aplicación del sistema FIFO en el cálculo de las retenciones en el momento del reembolso de las participaciones. Actualmente, cada comercializador lleva su registro individual de los partícipes y acciones de las IIC extranjeras que distribuye de manera que, un mismo partícipe, podría estar registrado en varios comercializadores de una misma IIC extranjera. Distintos expertos apuntan, no obstante, que este supuesto es residual.

Nada más conocerse el texto, distintos agentes del sector mostraron su rechazo a esta figura. Así, por ejemplo, Gonzalo Rengifo, director general de Pictet Funds para España, aseguró entonces que el agente centralizador era "es un grave error para la industria" y que su implementación era como “matar moscas a cañonazos”. 

Inverco calculó que el coste de implementación del agente centralizador supondría 200.000 euros por cada uno de los 120 distribuidores de fondos que hay en España, más un coste anual de mantenimiento, lo que sería un desembolso total de 22 millones de euros, para una recaudación máxima de 300.000 euros.

Según fuentes consultadas por Funds People, el texto definitivo podría aprobarse tras su visto bueno por parte del Consejo de Estado en septiembre.

Consulta aquí el texto remitido.