El procurador general de Colombia, Alejandro Ordoñez Maldonado, profirió sanción de destitución en inhabilidad en contra de tres funcionarios de la Superintendencia Financiera, por no haber tomado las medidas necesarias para evitar el colapso. La determinación disciplinaria afecta al superintendente Gerardo Alfredo Hernández Correa, al superintendente delegado para la supervisión de riesgos de mercado, Diego Mauricio Herrera Falla, y la superintendente delegada adjunta para la supervisión de riesgos y conductas de mercado, Rosita Esther Barrios Figueroa, informa la prensa local.
El superintendente delegado para intermediario de valores y otros agentes, Luis Fernando Cuadrado, también fue sancionado con 10 meses de suspensión en el ejercicio de su cargo. En el mismo fallo, el procurador general absolvió de todo cargo a Sandra Patricia Perea Díaz y Juan Pablo Arango Arango, en su condición de superintendente delegado para emisores de valores, portafolios de inversión y otros agentes.
Jaime Humberto López, el presidente de la Asociación de Comisionistas de Bolsa de Colombia (Asobolsa), comentó en entrevista con el medio local Portafolio, que la decisión de la Procuraduría en la que destituyó al Superintendente Financiero es injusta y le manda un mensaje errado al mercado. "Esto es un país al revés, un país donde en vez de castigar a los culpables de un delito se castiga a la persona que cerró InterBolsa y que, además, cerró Proyectar Valores, con una valentía increíble, usando la discrecionalidad que tiene como Superintendente, con toda la cautela, hasta estar seguro de que lo que tenía que hacer lo debía hacer en ese momento. Es injusto que castiguen al que evitó el delito y los que hicieron el delito estén afuera", explica (para leer la entrevista en su totalidad).
Mientras tanto, la jueza 64 de garantías, la Fiscalía General imputó cargos a nueve implicados en los hechos que llevaron al descalabro económico y bursátil de la comisionista de bolsa InterBolsa S.A. en el año 2012. La fiscal del caso aseguró que estas personas eran consientes que estaban incurriendo en actividades iliciticas y delictivas cuando realizaron operaciones para manipular las acciones de Fabricato y manejar irregularmente los recursos de sus inversionistas.
En el caso del inversionista italiano Alessandro Corridori –quien aparecía como máximo accionista de Fabricato – la Fiscalía General le imputó los delitos de Concierto para delinquir agravado, manipulación de especies agravado, administración desleal agravado en calidad de interviniente. Según el ente investigador, en el denominado Grupo Corridori (en el cual trabajaban sus familiares más cercanos) se adelantaron operaciones fraudulentas, con el conocimiento de la cúpula de InterBolsa, para manipular el precio de las acciones en el mercado bursátil durante los años 2011 y 2012. El ente investigador estableció que Corridori tenía las claves para hacer todos los movimientos irregulares en los precios de las acciones en el mercado bursátil, afectando el precio de la acción de la empresa textil. “Por ese motivo el precio formado a Fabricato no correspondió a la libre interacción de fuerzas del mercado, sino a la manipulación fraudulenta del grupo Corridori”.