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Cruce de cartas entre una gestora de fondos y un gobierno a propósito de la Tasa Tobin


La Tasa Tobin es un nuevo impuesto a la compra de acciones que ya es una realidad en Francia, empezará su trámite parlamentario en España y que previsiblemente verá la luz en otros países europeos a lo largo de los próximos años. Se trata de un gravamen que levanta mucha controversia y que ha dado lugar a situaciones muy curiosas como, por ejemplo, el cruce de cartas que ha mantenido el cofundador de una gestora de fondos, Bert Flossbach, con el Gobierno federal alemán, dado que el Ejecutivo que preside Angela Markel tiene previsto implementarla en el mercado teutón en 2021. El primero la critica. El segundo la defiende. FundsPeople les reproduce íntegramente el contenido de las tres misivas, con el objetivo de que el lector pueda conocer los argumentos utilizados por ambas partes a la hora de defender sus posiciones:

PRIMERA CARTA DE BERT FLOSSBACH AL MINISTRO DE FINANZAS ALEMÁN

Estimado señor ministro de Finanzas:

Me dirijo a usted a propósito de la iniciativa legislativa relacionada con el impuesto sobre las transacciones financieras, que en realidad debería llamarse impuesto sobre las acciones. Este gravamen afecta a todas aquellas personas que, en vista de la política de tipos de interés cero, dependen de alternativas para su plan de jubilación y para quienes las acciones podrían ser una inversión extraordinariamente útil a largo plazo. Es una amarga ironía que precisamente los derivados, que estuvieron en el epicentro de la reciente crisis financiera, se libren del impuesto previsto, al igual que los transacciones de alta frecuencia, que mantienen los valores tan solo durante unas décimas de segundo.

A los que buscan dinero rápido se les perdona, mientras que a los inversores que piensan en el futuro se les castiga. Básicamente, es como si se aplicara un bioimpuesto a los productos sostenibles. De hecho, el impuesto sobre las transacciones financieras impide que grandes sectores de la población amplíen su patrimonio y es más probable que desestabilice los mercados financieros a que proporcione algún beneficio. Incluso el Bundesbank, que suele abstenerse de manifestar críticas, ha advertido en repetidas ocasiones que el impuesto sobre las transacciones financieras no sirve para amortiguar eficazmente las causas principales de las crisis financieras y que únicamente supone una carga adicional para las empresas y los particulares y, por lo tanto, en última instancia, para la economía real.

Muchos ciudadanos y ciudadanas siguen creyendo que son los bancos los que pagan el impuesto y que este no afecta a quienes no invierten directamente en acciones, pero ambas cosas son completamente falsas. Los bancos se limitan a recaudar el impuesto, pero son los accionistas quienes lo pagan, por lo que afecta también a los titulares de fondos, seguros y pensiones.

De todos los países desarrollados, Alemania tiene ya de por sí uno de los porcentajes más bajos de ahorradores en renta variable entre la población. Las acciones, sin embargo, constituyen una inversión práctica a largo plazo que cada vez se enfrenta a más obstáculos. En definitiva, se trata de una política profundamente antisocial que va en detrimento de los ahorradores desprevenidos, a los que ya se exprime suficiente.

Tendría más sentido promover los planes de jubilación entre nuestros ciudadanos y ciudadanas por medio de incentivos que estimulen el ahorro sostenible de capital a largo plazo. A este respecto, una política fiscal sostenible e inteligente podría marcar la pauta. Como depositario de los ahorros de más de un millón de inversores, apelo a su competencia financiera y social y le ruego que libre a la gente de este impuesto antisocial que no solo afecta a las personas equivocadas, sino que además consigue justo lo contrario de lo que se propone.

RESPUESTA DEL GOBIERNO ALEMÁN A LA PRIMERA MISIVA DE BERT FLOSSBACH

Estimado señor Flossbach:

Ante todo, me gustaría agradecerle la carta a propósito de la introducción de un impuesto sobre las transacciones financieras que dirigió al ministro federal de Finanzas, don Olaf Scholz, y de la que envió también una copia a mi compañero, el secretario de Estado  Jörg Kukies. Tal como me han pedido, procedo a responderle.

La introducción de un impuesto sobre las transacciones financieras es desde hace años el objetivo declarado del Gobierno federal. Las negociaciones a nivel europeo para la implantación de este tributo estuvieron paradas durante mucho tiempo ante la imposibilidad de que los Estados de la cooperación reforzada llegaran a un consenso para introducir un impuesto sobre las transacciones financieras con una base de cálculo amplia. Gracias a una iniciativa franco-alemana, los ministros de Finanzas de los países integrantes de la cooperación reforzada han acordado este año seguir el modelo del actual impuesto francés aplicable a las operaciones financieras para gravar las compras de acciones.

Después de años de estancamiento, se trata de un paso importante en el camino de la tributación de las transacciones financieras. El Gobierno federal considera que el impuesto sobre las transacciones financieras es un instrumento adecuado de imposición fiscal para el sector financiero, teniendo en cuenta, además, que los servicios financieros no suelen estar sujetos al impuesto sobre el valor añadido.

La experiencia de Francia nos muestra que los mercados financieros se han mantenido estables tras la introducción del impuesto sobre las transacciones financieras y que la adquisición de acciones ha experimentado un descenso limitado (e incluso temporal). Lo mismo debería suceder en un centro financiero como Alemania. También en el Reino Unido, que lleva muchos años aplicando un gravamen similar, hay un floreciente mercado bursátil y numerosos pequeños inversores.

Para el Gobierno federal es importante minimizar las repercusiones que esto puede tener en los pequeños inversores y en los planes privados de jubilación. Por este motivo, el gravamen está diseñado para que lo paguen principalmente los bancos, los proveedores de servicios financieros y otros inversores institucionales. Los pequeños inversores a largo plazo pagarán muchos menos impuestos que los inversores institucionales que efectúan multitud de grandes operaciones a corto plazo. Dado que el tipo impositivo es bajo (actualmente se debate un 0,2%), el tributo también será en general considerablemente menor que, por ejemplo, las comisiones de depósito, sobre todo para los pequeños inversores, puesto que las órdenes pequeñas suelen conllevar unos costes fijos elevados para las entidades financieras.

La Comisión Europea calcula que el nuevo impuesto generará unos ingresos fiscales anuales de 1.200 millones de euros para Alemania, lo que crea un margen financiero que beneficiará a los ciudadanos y ciudadanas. El inicio de las negociaciones para la introducción de un impuesto sobre las transacciones financieras a escala europea en 2011 estuvo marcado por la crisis económica y sus efectos. El sector financiero debería asumir una parte de los costes de la crisis y proteger a los contribuyentes. El Gobierno federal reaccionó con decisión ante la crisis financiera y, junto con sus socios europeos e internacionales, creó un nuevo marco reglamentario para los mercados financieros que, entre otras cosas, estableció mediante la unión bancaria un mecanismo europeo unificado de supervisión y liquidación para los principales bancos de la UE que permite que los accionistas y los acreedores de dichos bancos contribuyan a los costes de la liquidación.

En este sentido, hemos encontrado otros instrumentos para estabilizar el sector financiero. Confío en que con el impuesto sobre las transacciones financieras que estamos debatiendo crearemos un tributo que generará cuantiosos ingresos sin suponer una carga persistente para los mercados financieros ni los inversores, especialmente los particulares.

RESPUESTA DE BERT FLOSSBACH A LA CARTA DE CONTESTACIÓN REMITIDA POR EL GOBIERNO ALEMÁN

Estimado señor secretario de Estado:

Para justificar el impuesto sobre las transacciones financieras, que es, por lo demás, un impuesto puro y duro sobre las acciones, no apelan a su utilidad, sino simplemente a la escasa repercusión que tendría en las personas afectadas y al hecho de que también se aplica en otros países. Sin embargo, el mero hecho de que un tributo se recaude también en otro país y apenas lo note el contribuyente no hace que resulte útil.

Un impuesto sobre las acciones no servirá en absoluto para alcanzar el objetivo de hacer partícipe al sector financiero de los costes de la crisis económica; todo lo contrario. Usted sostiene que el tributo lo pagarán principalmente los bancos, los proveedores de servicios financieros y los inversores institucionales, pero esto es falso. Las entidades mencionadas pagan el impuesto en nombre de sus accionistas, por lo que al final los perjudicados son los asegurados, los pensionistas y los inversores de fondos y acciones.

En cambio, las operaciones con derivados y las transacciones en el mismo día llevadas a cabo por los negociadores de alta frecuencia han quedado excluidas del gravamen, lo que significa que los jugadores potencialmente desestabilizadores están exentos del impuesto mientras que los inversores honrados tienen que hacer frente a él. Por lo visto, este aspecto no se ha considerado a la hora de diseñar el tributo.

Los ingresos estimados de 1.200 millones de euros son, como mucho, calderilla si tenemos en cuenta el enorme ahorro de intereses de entre 40.000 y 60.000 millones de euros anuales para el Estado federal, los estados federados y los municipios (suponiendo que se reduzca la carga de intereses en dos o tres puntos porcentuales anuales en comparación con 2008). Contrariamente a lo previsto por el plan financiero del Ministerio Federal de Finanzas, el descenso de la carga de intereses del Gobierno federal tampoco sufrirá ningún cambio en los próximos años, sino que seguirá disminuyendo porque los altos cupones de los bonos vencidos son sustituidos por cupones cero o reducidos.

En lugar de devolver a los sufridos ahorradores al menos un pedazo de ese ahorro de intereses, ustedes les imponen una carga adicional. Tampoco la prohibición de los tipos de interés negativos introducida por el ministro federal de Finanzas, entre otros, cambia nada al respecto, sino que en todo caso aumenta la carga que soportan los pequeños ahorradores en forma de comisiones bancarias. Además, no deja de ser irónico que el ministro de Finanzas prohíba los tipos de interés negativos a los bancos mientras él mismo se beneficia de ellos y espera recaudar este año 4.000 millones de euros emitiendo sobre la par bonos cupón cero.

En esta situación, sería conveniente que un político con visión de futuro y conciencia social animara a los ahorradores a invertir su dinero de forma más sensata a largo plazo, en lugar de intentar justificar nuevos impuestos con argumentos poco sólidos. El impuesto sobre las acciones dificulta la participación de amplios sectores de la población en el capital productivo y, por lo tanto, es esencialmente antisocial. Ni cumple su objetivo ni contribuye de manera significativa a los ingresos fiscales. Es una planta de raíz ideológica que crece como la maleza en el jardín del vecino y que ahora se va a propagar al nuestro debido a una solidaridad mal entendida.

En interés de millones de ahorradores, seguiremos trabajando para evitar que se implante el impuesto sobre las transacciones financieras.

ESTA SEGUNDA CARTA ENVIADA POR BERT FLOSSBACH NO HA TENIDO RESPUESTA POR AHORA POR PARTE DEL GOBIERNO ALEMÁN.

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