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COVID-19: ¿cuál es el papel de los shareholders?


TRIBUNA de Ophélie Mortier, estratega de Inversión Sostenible y responsable en DPAM. Comentario patrocinado por DPAM.

La actividad de los accionistas, como cualquier otra hoy en día, se ha visto afectada por la pandemia del COVID-19: el periodo de representación de 2020 ha estado marcado por desaceleraciones, aplazamientos y juntas generales anuales virtuales.

El activismo ha disminuido y se ha alineado con la actividad electoral. Pero, tan pronto como empecemos a recuperarnos de esta crisis, dicho activismo probablemente volverá a aumentar. Esto tiene importantes consecuencias para las empresas, en particular para aquellas que se han visto seriamente debilitadas por cierres y se han vuelto comparativamente baratas, lo que abrirá nuevas oportunidades de adquisición.

Abogados, expertos en gobernanza empresarial y los principales asesores de representación han advertido sobre este riesgo. Aconsejan a las empresas (especialmente las establecidas en Estados Unidos), en función de su respectiva reglamentación nacional, que consideren la posibilidad de adoptar medidas defensivas para protegerse de la amenaza de los compradores oportunistas.

Las empresas podrían adoptar temporalmente planes de derechos de los accionistas, una estrategia defensiva adoptada por la empresa para oponerse a las adquisiciones hostiles, y tener margen de maniobra en su transición hacia la normalidad. Al dar a sus accionistas el derecho a comprar acciones adicionales con un descuento, la empresa pretende diluir su participación en la propiedad que está planeando una adquisición hostil. Esta estrategia se utiliza principalmente cuando un accionista obtiene un determinado porcentaje de propiedad que es mayor que el de los demás accionistas.

Estos tiempos han llevado a intervenciones sin precedentes por parte de gobiernos y bancos centrales. ¿Deberían también conducir a acciones excepcionales como la flexibilidad en los principios fundamentales de gobierno corporativo? Será interesante ver las reacciones de los accionistas a estas propuestas. Mientras algunos podrían estar de acuerdo con la idea de medidas de protección temporal para defender a las empresas contra las adquisiciones, otros probablemente se opongan estrictamente a estos mecanismos, ya que limitan los derechos de los accionistas, especialmente la de los minoritarios.

Una opción sería analizar, caso por caso, si vale la pena proporcionar cierta flexibilidad a las empresas en forma de un período de gracia temporal sobre sus obligaciones financieras habituales. Como inversor responsable y comprometido, la responsabilidad y papel principal giran en torno a apoyar el crecimiento sostenible de las empresas. El compromiso activo por encima de todo.

En primer lugar, permite entender mejor las empresas que están fallando en su gestión de crisis. Como tal, compromete a asegurar que las empresas se centran suficientemente en la salud y la seguridad de sus empleados. En segundo lugar, impulsa a ser receptivos a las respuestas de las empresas y da el contexto necesario para entenderlas en consecuencia. Esto influye simultáneamente en la visión a largo plazo, en el proceso de toma de decisiones de inversión. Dichas decisiones también deben estar alineadas con la visión a largo plazo de los accionistas. En tercer lugar, el compromiso activo también significa seguir votando y expresando opiniones en las asambleas generales (incluso en las virtuales). Estos principios están en línea con las recomendaciones recientemente formuladas por el PRI tras la crisis del COVID-19.

Estos respaldos parecen afectar a la llamada supremacía de los accionistas. Esta última se refiere a la creencia de que las empresas deben tratar únicamente de maximizar los beneficios, dentro de los márgenes de la ley, para ganancias de los accionistas. La tendencia a reducir la supremacía de los accionistas ya ha surgido antes del COVID- 19.

Varias iniciativas y actos han abogado por un mayor interés en los stakeholders de una empresa (por ejemplo, la gestión de los accionistas hacia las grandes petroleras en relación con la responsabilidad climática, el desafío a una empresa en relación con la optimización fiscal excesiva, etc.). El Nuevo Paradigma es un ejemplo notable de tales iniciativas. Promueve la transparencia y el compromiso para garantizar un trato justo a los stakeholders. Además, reduce la excesiva atención que se presta al luchar contra la presión de los activistas que se centran únicamente en los beneficios a corto plazo.

La teoría de la gobernanza de los stakeholders ha surgido de los fundamentos del buen gobierno empresarial. Esta, destaca la obligación moral de una empresa de implicarse con un propósito en particular y fomentar la promoción de la economía y las oportunidades para la sociedad en general. Por consiguiente, el principal objetivo de la empresa debe centrarse en la generación de valor a largo plazo. Cabe mencionar que esta obligación moral se ha convertido progresivamente en un requisito para algunas certificaciones (por ejemplo, la etiqueta B-Corp). Estas requieren que las empresas formulen claramente su propósito social y lo anoten en sus actos y en sus estatutos formales.

La crisis del COVID-19 ha reforzado aún más esta tendencia. Además, las recientes iniciativas centradas en los stakeholders están surgiendo a diestra y siniestra, ya que consideran que los inversores deben actuar para reducir los efectos perjudiciales del virus. Como inversores, son accionistas responsables. El paso de los accionistas a los stakeholders podría dar lugar a debates interesantes y a cuestiones de toma de decisiones difíciles. Un ejemplo reciente es la llamada de una empresa a los accionistas para que ofrezcan un porcentaje de su dividendo a un fondo de solidaridad para los empleados de la empresa que se hayan visto afectados por la pandemia. La decisión de voto sobre esta cuestión no es tan clara como cabría esperar.

En primer lugar, podríamos considerar el apoyo (o la falta de él) de las partes interesadas de la empresa. Hemos visto reducciones salariales de uno o dos años por parte de varios líderes y altos directivos para apoyar las consecuencias del COVID-19. En segundo lugar, el pago de dividendos en cuestión era a partir del año 2019, antes del brote mundial del virus. En tercer lugar, ¿cómo podemos evaluar las intenciones de voto de todos los accionistas individuales de estos instrumentos de inversión? Ante este desafío, ¿no debería el fondo tener como primer objetivo la defensa de los derechos de sus accionistas? La situación no es particularmente sencilla.

Aun así, se confirma la responsabilidad general de las empresas para con la sociedad. Las autoridades reguladoras podrían explicar en detalle cómo lograr el equilibrio adecuado entre los stakeholders de una empresa y la influencia y los objetivos de los accionistas. Algunos ejemplos de iniciativas reglamentarias o de prácticas óptimas son, entre otros, el Código de Gobernanza del Reino Unido.

Es muy probable que una dilución de la supremacía de los accionistas aumente la relevancia de los criterios ASG en el panorama empresarial y de las inversiones. Es importante recordar que la integración de dichos criterios se basa en un concepto de valor compartido en el que todos salen ganando (es decir, tanto los stakeholders como los accionistas se benefician de los compromisos de una empresa con los criterios ASG). Cuando se gestiona eficientemente su consumo de energía/recursos, se beneficia el medio ambiente y se reducen los costos. Es simplemente sentido común.

En conclusión, el COVID-19 tendrá posibles implicaciones para la administración y el activismo de los inversores. Esto podría desafiar el paradigma de la creación de valor a largo plazo y la presión a corto plazo. Aseguraría simultáneamente un crecimiento sostenible. La integración en curso de los criterios ASG debería poner en marcha un círculo virtuoso, que permitiera unos horizontes temporales de inversión más largos y unas mejores prácticas de ASG.

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