Los dos grandes sistemas de previsión para la jubilación son el de reparto, en el que lo que se paga a los actuales pensionistas se financia con las contribuciones y cuotas de empresas y trabajadores en activo, y el de capitalización, en el que lo que se paga a la persona que ha llegado a su jubilación proviene de lo que esa misma persona ha ido aportando a lo largo de su vida laboral o profesional activa y de los rendimiento que de esas aportaciones se hayan obtenido. El sistema de reparto es esencialmente el de la Seguridad Social y el de capitalización es el de los modelos privados de previsión, como el de los Fondos de Pensiones.
Aunque la opción entre uno u otro sistema siempre genera una cierta discusión, no exenta de tintes ideológicos, lo cierto es que el dilema entre reparto o capitalización hoy solo tiene una respuesta válida: el sistema de reparto no es viable con los niveles actuales de prestaciones y por tanto la única discusión posible es la de cómo abordar una transición gradual y no traumática hacia un sistema de capitalización.
La evolución de la pirámide de población, que determina que la proporción de trabajadores o profesionales en activo frente a los ya jubilados sea cada vez menor, tiene como consecuencia que las aportaciones de quienes están en activo cada vez son más insuficientes para cubrir los compromisos con quienes están jubilados. La esperanza de vida en España ha pasado de 77 años en 1990 a 81,3 en 2008, y seguirá aumentando en los próximos años.
En definitiva, la expectativa de una vida más larga, que es una buena noticia para las personas, es sin embargo una mala noticia para los sistemas de previsión de reparto. Esto, que es así en el mundo en general, es especialmente grave en España, cuya población está envejeciendo a un ritmo acelerado. La estimación de la OCDE, en su estudio “Pensions at a glance 2.011”, es que en el año 2.050 habrá poco más de dos personas en edad de trabajar por cada jubilado, es decir, cada dos personas en activo deberán financiar la pensión de un jubilado, cuando la proporción actual es de cuatro activos por cada pensionista.
El citado estudio de la OCDE es uno de los muchos que, en sus conclusiones, recomienda, además de ampliar el periodo de vida laboral y hacer otras reformas en el sistema público de pensiones para garantizar su viabilidad futura, incrementar las aportaciones de la población española a los sistemas privados de previsión, mejorando para ello los incentivos. El informe de la OCDE recuerda que el sistema de previsión privada en España, aunque se creó hace más de veinte años, es uno de los menos desarrollados de la OCDE. En concreto, los activos que acumula el sistema solo representan el 8% del PIB español, frente a un 60% de promedio en los restantes países de la OCDE.
En España, el problema básico de este escaso desarrollo radica en que las aportaciones que se realizan a los sistemas privados de pensiones son muy bajas: cerca del 66% de los partícipes contribuye con menos de 300 euros al año. Uno de los motivos puede ser el alto nivel actual de prestación ofrecido por el sistema público ya que la tasa bruta de sustitución de pensiones para los recién integrados en el sistema laboral en España, es decir, el valor de las prestaciones de jubilación en comparación con los ingresos que se perciben mientras se trabaja, es del 81,2% y será del 73,5% tras la reforma, cuando la media de la OCDE es tan solo del 57,3%.
En general, en los países de la OCDE, entre las pensiones públicas y las pensiones privadas, la tasa de reposición de un salario medio, previo a la jubilación, ronda el 70%. De estos 70 puntos, las pensiones públicas representan unos 46 puntos y los restantes 24 puntos corresponden a las pensiones privadas.
En países como Holanda, Dinamarca, los EE UU o el Reino Unido, sin embargo, las pensiones privadas reponen un mayor porcentaje del salario previo a la jubilación que las pensiones públicas.
Enfrentarse al problema del impacto del envejecimiento de la población sobre el sistema de pensiones público en el largo plazo requiere, necesariamente, reformas de mucho calado y no solo paramétricas si no también estructurales.
Algunos países de la OCDE han introducido sistemas de cotización definida. En concreto: Australia ha introducido obligatoriamente estos planes como suplemento del sistema público. Alemania, Irlanda y Nueva Zelanda los han introducido de forma voluntaria. Hungría, Polonia y Eslovaquia de forma obligatoria para los nuevos trabajadores. Méjico y Suecia, de forma obligatoria.
En promedio, las reformas de pensiones adoptadas han conllevado una reducción significativa en la “generosidad” de los sistemas públicos de pensiones.
Destacan, dentro de las conclusiones recogidas en la mayoría de los países de la Unión europea, plasmadas en la denominada “Estrategia de Lisboa”, las que se refieren al refuerzo de los sistemas complementarios de pensiones, reduciendo la importancia proporcional de las pensiones públicas, financiadas por sistemas de reparto, a favor de sistemas de capitalización individual de aportación definida.
Aunque los factores críticos de los sistemas de pensiones no son inmutables ni irreversibles, todo nos indica que, por lo menos en lo que atañe a los de índole demográfica, no hay evidencia alguna, hasta el momento, de un cambio previsible e importante de tendencia. Todo apunta que en los próximos años proseguirá con mayor o menor intensidad el proceso del envejecimiento con las consecuencias que conlleva respecto al gasto público en pensiones y, por tanto, cada vez es más acuciante que se tomen medidas para desarrollar eficazmente los sistemas de capitalización públicos y/o privados, no estando exento el sector privado de su correspondiente responsabilidad en lo que respecta a la gestión eficiente de los recursos que los partícipes les confíen para maximizar las prestaciones que complementen las pensiones públicas en el momento de su jubilación.