Pocas semanas después de la consulta pública de la Comisión Europea sobre la propuesta de modificación de la Directiva MiFID, la CNMV y el Comité Consultivo creado por ésta ya han dado una respuesta. Así, el organismo regulador español se muestra de acuerdo en muchas de las propuestas de modificación de la Comisión Europea, como el caso de la eliminación del cobro de incentivos en el asesoramiento en materia de inversión, algo que vendría a prohibir el cobro de retrocesiones en productos como los fondos de inversión, una práctica muy extendida en el mercado español y que el Comité Consultivo no es partidario de eliminar.
Esta regulación propuesta por la Comisión y apoyada por CNMV iría en línea con la tomada por algunos supervisiores más avanzados, como el británico FSA que ya desde el año pasado limitó el cobro de retrocesiones por parte de los IFAS. En España, con la paulatina expansión de las EAFI ha surgido con más fuerza el debate sobre la conveniencia o no de ese cobro. Algunas EAFI han nacido con el propósito explícito de sólo cobrar al cliente por su servicio, mientras que otras contemplan ambas posibilidades en tanto en cuanto en la regulación de esta figura en el mercado español se contemplaba esa opción. Por tanto, actualmente es un tema de decisión de cada asesor si bien, de entrar en vigor, las propuestas de modificación de MiFID ahora en debate, se terminaría esa opcionalidad.
Además, la CNMV también cree que habría que suprimir la posibilidad de informar de forma resumida sobre los incentivos, y apuesta por la necesidad de entregar al cliente una evaluación sobre las ganancias y pérdidas esperadas del producto y su comportamiento en distintas condiciones del mercado. Según Deloitte, se trataría de reforzar la información sobre incentivos que se da a los clientes exigiendo una información antes de la contratación del producto de inversión en la que la entidad deberá comunicar la cuantía exacta del incentivo o, en su caso, el método de cálculo y, una información posterior en la que se reporta la cuantía exacta que se ha cobrado o pagado en la prestación de servicio de inversión. La novedad sería, según explica Sara Gutiérrez Campiña, gerente del departamento Regulatorio Financiero de Deloitte, esta obligación de informar a posteriori sobre las cuantías cobradas o pagadas algo que, actualmente, no se hace.
“CNMV apoya en general las propuestas de la Comisión Europea sobre la protección del inversor y la provisión de unos sistemas de inversión, así como estructuras de los mercados y sus desarrollos. Creemos que las modificaciones y clarificaciones de la MiFID apuntadas en el documento serán muy útiles para cumplir con el objetivo de proteger al inversor y asegurar un funcionamiento eficiente de los mercados”, afirma el organismo. Con todo, cree que tomar medidas como la abolición del régimen de “sólo ejecución” es demasiado drástico y no está justificado, si bien se manifiesta a favor de limitar el alcance de dicho régimen para evitar abusos, al igual que la Comisión Europea.
Por el contrario, el Comité Consultivo (compuesto por miembros de los mercados secundarios, emisores, inversores minoristas, intermediarios, miembros de la industria de IICs, etc.) no considera necesario modificar ciertas cuestiones de la Directiva como la supresión de la “sólo ejecución”, la prohibición del cobro de incentivos en la prestación del servicio de asesoramiento, el aumento de obligaciones de información en la prestación del servicio de asesoramiento en materia de inversión, etc.
Según Deloitte, falta esperar al documento final que publique la Comisión Europea sobre propuesta de modificación (anunciado para la primavera de 2011), pues la propuesta está en fase consultiva hasta mayo. Según el despacho de abogados, de aprobarse las propuestas con respecto a la MiFID “supondría una importante revisión de los modelos MiFID de las entidades”, pues el documento incluye propuestas de modificación que afectarán a temas como la reclasificación de algunos de los clientes que hayan sido categorizados como contrapartes elegibles, la reconsideración de los supuestos en los que se pueda aplicar el principio de “sólo ejecución” o incluso su exclusión y la implementación de obligaciones adicionales de información en la prestación del asesoramiento en materia de inversión. Según Deloitte, quedaría un "largo camino por delante" para esta nueva modificación que pasaría por la aprobación del texto para finales de 2011 o inicios de 2012 y la trasposición no llegaría, previsiblemente, hasta finales de 2012 o comienzos de 2013.
