Todo sobre la reestructuración de la deuda de Puerto Rico


Uno de los últimos asuntos de importancia que le quedan por afrontar a la Administración Obama es el enorme endeudamiento del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, que recientemente ha vuelto a saltar a la palestra. “Todos sabemos que la economía de Puerto Rico está en un serio aprieto, cargada con más de 70.000 millones de dólares en deuda. Sin embargo, la situación es todavía peor si se incluyen las obligaciones del pago de pensiones, sin financiación. Esa responsabilidad excede los 40.000 millones de dólares. Al combinar todo, la isla está abrumada por obligaciones que sobrepasan el tamaño de su economía”, explica Robert Amodeo, responsable de deuda municipal en Western Asset (filial de Legg Mason Global AM).

El pasado 25 de mayo, el Comité de Recursos Naturales del Congreso de EE.UU. aprobaba la creación de una junta federal, encargada de ejercer control fiscal sobre la isla con la misión de poner orden en los gastos y pagos realizados por el gobierno local, para facilitar la reestructuración de al menos una porción de la colosal deuda puertorriqueña. El control de gastos se articulará a través de la Ley de Supervisión, Gestión y Estabilidad Económica de Puerto Rico.

“El desafío que afronta la Commonwealth es incrementar la tasa de crecimiento económico (altamente improbable en el corto plazo) al tiempo que da pasos creíbles para solucionar esta deuda insostenible y el pago de las pensiones”, continúa el experto de Western Asset. Amodeo se pregunta cómo ha sido posible que esta isla – con unos tres millones y medio de habitantes y un PIB per cápita de 32.063 dólares- haya sido capaz de llegar a esta situación de estrés financiero. “El largo maleficio de alto desempleo y baja participación de la fuerza laboral han llevado a la atrofia de las capacidades y experiencia de los trabajadores en sus puestos laborales. El desarrollo de habilidades en el lugar de trabajo y la promoción del crecimiento económico llevará tiempo”, añade Amodeo.  

Por otra parte, el responsable de deuda municipal constata que “el gobierno de la isla admite que afronta pocas opciones para mejorar su posición financiera sin dar el alto al servicio de deuda”, lo que explica la reciente suspensión del pago de todos los compromisos financieros de Puerto Rico hasta 2017. “Obviamente, dañará a los bonistas y puede que, con el tiempo, también dañe a los pensionistas. Hay un amplio precedente como para sugerir que el pago de las pensiones está en riesgo cuando su patrocinador no paga la deuda”, resume el experto.

Éste encuentra el último paso todavía más dañino si se pone en contexto con las medidas anteriores tomadas por el gobernador de la isla, Alejandro García Padilla. Hasta ahora, Padilla siempre había tomado decisiones dirigidas a reforzar COFINA, la agencia estatal para la recaudación de impuestos, así como la búsqueda de oportunidades para asegurar la viabilidad de empresas estatales clave. “Las deudas de las empresas del sector público (electricidad, agua y alcantarillado, autopistas) no son una obligación legal para el gobierno central, aunque la nueva legislación pretende afrontar por decreto la deuda de las corporaciones”, contextualiza Amodeo, que añade que “entre otras consecuencias, podría complicar las negociaciones en curso entre la eléctrica estatal (PREPA) y sus acreedores”.

“Muchos inversores adquirieron deuda de Puerto Rico entendiendo el grado de confianza del bono y dónde podrían situarse de darse una reestructuración del emisor. Por ejemplo, los dueños de las obligaciones generales de Puerto Rico creían que estaban protegidos por las cláusulas institucionales”, explican desde Western Asset. La reflexión de Amodeo a la luz de los últimos acontecimientos es que “cambiar las reglas para afrontar el estrés financiero es problemático, pero a veces necesario”. En su opinión, “un acercamiento minimalista al estrés financiero de Puerto Rico crearía reglas para la resolución de una deuda que es claramente insolvente sin afectar a otros activos que son solventes de acuerdo con sus contratos”. Sin embargo, Amodeo observa que “el gobierno está tomando un acercamiento maximalista al juntar todas esas deudas en un único procedimiento. Si la Commonwealth sigue el camino de agrupamiento indiscriminado de toda la deuda de Puerto Rico, limitará su acceso al mercado de deuda en el futuro”, concluye.

 

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