A finales de 2012, la Comisión publicó el reglamento delegado de desarrollo de la Directiva AIMFD. Ayer jueves el Consejo anunció que no pone objeción alguna a dicha norma y en breve se espera que haga lo propio el Parlamento, con lo que el texto ya finalizará su tramitación. Este hecho, normalmente de escaso interés, tiene una curiosa trastienda que quizá se deje notar en el futuro.
Catorce países de la UE, entre los que no figura España, pero sí Alemania, Reino Unido, Luxemburgo, Irlanda, Holanda, Austria, Portugal… han manifestado por escrito su preocupación “por los procesos de elaboración de los actos delegados” y, en concreto, critican la forma en que la Comisión ha tramitado uno de esos actos delegados, el reglamento de desarrollo de la directiva de gestores de fondos de inversión alternativos.
La primera queja que formula este grupo de países –cabe preguntarse sin son los únicos realmente interesados en esta norma- es que la Comisión ha ignorado muchas de las recomendaciones de ESMA y además lo hace sin dar explicación alguna de por qué no le hace caso. Como así recuerdan estos países, la opinión de ESMA es el “resultado de un proceso de consulta transparente y completo y ofrece la experiencia de las Autoridades Europeas de Supervisión”. Esta crítica, se alinea así con las formuladas por la industria de los FIA, que en 2012 acusó a la Comisión de introducir cuestiones y reconfigurar parámetros que no habían sido tratados por ESMA.
El segundo punto que plantean estos países, es que ya que la Comisión no está obligada a seguir los consejos de ESMA, “una solución sería consultar a los Estados miembros de manera abierta” para que al menos se asegure así la “credibilidad del proceso de elaboración de los actos delegados”. Y piden a la Comisión que en el futuro, a la hora de adoptar actos delegados, adopte de antemano un enfoque abierto y apoyado en la consulta previa.
Por último, recuerdan a la Comisión el gran impacto que el reglamento tiene sobre la Directiva (nivel 1) y el estrecho margen que en el plano nacional han tenido para valorarlo. Reconocen que pudieron intercambiar opiniones hasta marzo/abril de 2012, pero añaden que “habida cuenta del grado de detalle que caracteriza a la directiva de nivel 1, esta parte amplia y hermética del paquete legislativo relativo a los gestores de fondos de inversión alternativos complica enormemente la consulta a las partes afectadas y el proceso parlamentario nacional”.
A la vista de esta queja, si no se produce un cambio de actitud en la Comisión, cabe preguntarse ¿para quién y por qué se está legislando si la opinión de un organismo como ESMA no se tiene en cuenta? ¿Qué sentido tiene que ESMA realice consultas y elabore informes que luego caen en saco roto?