Bruselas desata la ira de hedge fund y capital riesgo


Los hedge funds y las firmas de capital riesgo han levantado estos días su voz contra la propuesta de directiva europea que regulará su actividad. Según publica Expansión,en el caso del private equity, que marca distancias con los hedge funds, la patronal europea EVCA considera un obstáculo la regulación y cree que podría poner en peligro inversiones a medio plazo por hasta 300.000 millones de euros. “Es un paso atrás en un momento clave para Europa, donde se necesita capital para ayudar a las empresas”, sostenía hace unos días Javier Echarri, secretario general de EVCA.-->La normativa ha creado un inusitado furor en la City londinense. Representantes de hedge funds y capital riesgo han olvidado su tradicional reticencia a aparecer en público para arremeter contra Bruselas y advertir de una fuga masiva de inversores hacia lugares más acogedores para sus intereses, como Suiza, Dubai o Singapur.

Simon Walker, el director de la asociación de firmas de capital riesgo en Reino Unido, no oculta su enfado. “No conozco a nadie en la industria que tenga una sola palabra de aprecio para la directiva”, asegura. Básicamente, la regulación propuesta por la Comisión Europea eleva los requisitos de información de hedge funds y sociedades de capital riesgo, además de poner ciertos límites a su nivel de endeudamiento.A juicio de Walker, “la directiva es muy dañina y amenaza todos los centros financieros de Europa. No sólo Londres, sino también París, Fráncfort y Madrid”. Reino Unido, que concentra la mayor parte de las inversiones, quiere que las asociaciones de capital riesgo de toda Europa (que se reunieron la semana pasada en Londres) se alíen para responder a la directiva.Fuera de la City, sin embargo, el tono de las críticas es menos intenso. Dominique Barthel, directora general de la Asociación Española de Entidades de Capital Riesgo (Ascri), cree que el impacto de la nueva regulación en España sería “limitado”, ya que “la regulación nacional ya obliga a cumplir con ciertos criterios que plantea la UE”. Se calcula que estas firmas, profesionales de comprar y vender empresas con deuda y que en España controlan sociedades como Ono, Cortefiel o Panrico, disponen de 6.000 millones de euros de capital para invertir en la Península.Doerte Hoeppner, representante del sector en Alemania, cree que el debate se puede reconducir una vez superadas las elecciones europeas. A su juicio, los políticos deberían estar ahora menos preocupados por ganar votos mediante la imposición de duras regulaciones contra los inversores, a los que se acusa de estar en el origen de la crisis.
La patronal alemana apuesta por poder reconducir el debate tras las elecciones al Parlamento europeo-->Pero Walker no comparte ese optimismo. “El fin de las elecciones no me hace sentir más confiado”. Y advierte de que “Europa necesita capital para recuperarse de la crisis. Con esta directiva, se corre el riesgo de que firmas con miles de millones de euros lleven su dinero a otras zonas”.Según una encuesta difundida ayer por la firma del sector Coller Capital, la mitad de los inversores institucionales considera que los cambios legislativos y fiscales perjudicarán al capital riesgo. “Una cuarta parte de las firmas desaparecerá como resultado de la contracción económica”, recoge el informe.

El socialista Poul Nyrup Rasmussen ha liderado en el Parlamento comunitario las críticas a unos gestores a los que los sindicatos alemanes han calificado de langostas y los británicos han acusado de “trocear empresas”.

El enfado es similar en la Asociación de Inversores Alternativos, que representa a los hedge funds. Andrew Baker, consejero delegado de esa organización, considera que “la directiva puede tener serias consecuencias para los hedge funds y sus gestores, además de contener medidas imposibles de llevar a la práctica. Esperamos que Bruselas acepte cambios en la directiva de los aspectos más dañinos”.El Gobierno británico ha decidido asumir la bandera de los inversores financieros para no perder parte de una industria que supone el 8% del Producto Interior Bruto de Reino Unido.Paul Myners, secretario de Estado para el sector financiero, ha dicho que luchará “con uñas y dientes” para asegurar que la nueva regulación sea “proporcionada”, y no provoque un éxodo masivo de entidades desde Londres hacia otros lugares.

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