Portugal adoptó en 2008 una ley que alteró las reglas comunitarias sobre UCITS en su territorio y la Comisión Europea le otorga ahora un plazo de dos meses para que rectifique. Si las autoridades portuguesas no reaccionan, el caso irá al Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
En concreto, la legislación portuguesa permite que el supervisor del mercado (CMVM) pueda conceder excepciones generales a los gestores de fondos UCITS, incluyendo la posibilidad de que estos fondos inviertan en activos no autorizados por la directiva o invertir en los autorizados, pero en un límite superior al establecido.
Una de las finalidades de la Directiva UCITS es establecer un cuadro común para estos fondos por lo que las diferentes regulaciones entre Estados ponen en riesgo su buen funcionamiento. De momento, la Comisión sólo ha realizado un “aviso motivado” a Portugal, lo que supone estar en el segundo paso de un procedimiento de infracción. Si las autoridades portuguesas no reforman su normativa, la Comisión presentará un recurso ante el Tribunal de Justicia.