Bankia tiene que dotar 4.722 millones más con la nueva normativa

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Las entidades financieras españolas se han dado prisa en sumar cuánto les va a costar el nuevo real decreto de saneamiento del ladrillo. Obligados por la exigencia del Gobierno, durante el fin de semana han hecho públicas sus necesidades buena parte de ellas. Y el resultado más abultado ha sido, como se esperaba, el de Bankia.

El banco presidido ahora por José Ignacio Goirigolzarri tendrá que dotar 4.722 millones (antes de impuestos) contra los resultados de este año para cubrir sus créditos sanos a promotoras y constructoras, lo que inevitablemente le llevará a dar pérdidas muy abultadas. Pero no sólo eso, la entidad tiene todavía pendiente sanear cerca de 2.300 millones como consecuencia del decreto de febrero, con lo que sus exigencias ascienden a 7.000 millones. La entidad solicitará esta cuantía al Estado y probablemente elevará la petición hasta acercarse a los 10.000 millones. De esa forma, podrá situar sus niveles de solvencia en niveles cómodos para poder afrontar los difíciles años que tiene por delante.

No obstante, Bankia no es, ni mucho menos, el único banco con factura millonaria derivada del decreto. Santander (incluidos 600 millones netos de Banesto) tendrá que dedicar 2.700 millones brutos de sus resultados para cumplir con la nueva normativa, unas necesidades que unidas a los 2.300 millones que todavía tiene pendientes de la anterior, elevan su saldo a 5.000 millones (2.900 millones una vez aplicado el efecto fiscal y restadas las plusvalías por la venta del banco colombiano). El banco explicó ayer en un hecho relevante remitido a la CNMV que podrá pagar todo con sus resultados de este año y mantener el dividendo del 0,60 euros por acción que había prometido.

BBVA, por su parte, tendrá que realizar unas dotaciones brutas de 1.800 millones, que una vez restados los impuestos y demás efectos supondrán un efecto en sus cuentas de 1.300 millones. La entidad dejó claro que absorberá esta cuantía sin necesidad de ayudas ni de rebajar siquiera sus dividendos. Lo cumplirá tirando de resultados recurrentes. 

Más complicado lo tendrá La Caixa, ya que su factura asciende a 3.389 millones (incluidos 1.287 millones de Banca Cívica) y su volumen de beneficios anual es muy inferior al del Santander. No obstante, La Caixa precisó que su resultado de explotación y sus posibilidades de hacer plusvalías le permitirán hacer frente a estas exigencias.

También el Grupo Banco Popular tiene unas exigencias elevadas, de 2.314 millones si se suman los 619 millones que corresponden al Pastor, aunque esta cifra no se llevará contra resultados. La entidad recordó que tiene dos años para hacer frente a estos deberes y explicó que los llevará a cabo sin pedir ayudas públicas. Para ello, da por hecho que conseguirá al menos 1.400 millones en plusvalías en estos dos ejercicios.

Banco Sabadell tendrá que hacer únicamente unas provisiones de 412 millones, que podrá dotar con cierta tranquilidad con cargo a sus resultados sin entrar en pérdidas gracias a los efectos contables derivados de la integración con la CAM. Bankinter es otra de las entidades que podrá pasar sin caer en números rojos: su coste es de 136 millones brutos. KutxaBanc está convencido de poder cumplir con sus resultados y sus provisiones actuales los 855 millones brutos (616 millones netos) a los que asciende su suma. En igual situación está Banca March, que requiere 117,5 millones

A falta de que ejecuten una fusión puedan encontrar una fórmula contable para evitarlo, quienes tendrán complicado no entrar en pérdidas serán Liberbank y BMN, que necesitan 709 y 640 millones, respectivamente. La última entidad ya reconoce que reducirá su solvencia por debajo de los niveles legales, con lo que busca fórmulas para solucionar esta tesitura.

En esta coyuntura de irse a pérdidas también se encuentran Unicaja y Caja España-Duero, cuyas exigencias se elevan conjuntamente a 880 millones (de los que 607 millones son de la caja castellanoleonesa), e Ibercaja y Caja3, que necesitan 697 millones netos. 

Entre las entidades nacionalizadas, NCG Banco, que fue la primera en hacer públicos sus datos, necesita 1.109 millones, que provocará que se resten 776 millones de sus beneficios, con lo que se irá a pérdidas cuantiosas sin remedio. Aun así, mantiene su plan de conseguir inversores privados con el fin de evitar su subasta. Por su parte, CatalunyaBanc tendrá un coste de 995 millones netos, que espera conseguir con su venta a otra entidad, en la que habrá nuevas ayudas. Unnim requiere 48 millones más, y Banco de Valencia, otros 509 millones netos, que ahondarán todavía más las pérdidas en las que ya se encuentra inmerso.