Asesoramiento independiente: seis gestoras internacionales comparten su visión

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Steve Snodgrass, Flickr, Creative Commons

Con la aprobación de MiFID II en el horizonte, está sobre la mesa el debate sobre uno de sus puntos más controvertidos: la prohibición de retrocesiones (el pago de comisiones por parte de las gestoras a los intermediarios). Sin embargo, el pasado 1 de enero entró en vigor en el Reino Unido la normativa Retail Distribution Review (RDR), que ya contempla esta medida y que puede servir de proxy para evaluar la posible aplicación de una norma de este tipo en España.

En el marco del V Encuentro Nacional de la Inversión Colectiva, organizado por la APD (Asociación para el Progreso de la Dirección) con la colaboración de Deloitte e Inverco, seis gestoras internacionales con presencia en España valoraron la implantación de la norma en Reino Unido y el futuro del asesoramiento independiente en España.

Para Susana Valero, directora general de UBS Gestión, “en el caso de la RDR, el regulador local se ha adelantado a la realidad que nos espera a todos y ha establecido claramente los tres tipos posibles de relación entre el cliente y el banco: ejecución, asesoramiento y gestión, prohibiendo de forma expresa las retrocesiones”. La casa suiza, que ya cuenta con una política de cobrar explícitamente por el asesoramiento, cree que no se trata de un cambio de modelo, sino de una evolución natural: “Nuestro negocio no está en la custodia, el corretaje, etc., sino en la gestión y el asesoramiento, y debemos cobrar por aquello en lo que aportamos valor”.

Javier Alonso, director general de Crédit Suisse Gestión, apunta que “en España hay muy buen asesoramiento independiente, pero de producto, y el asesoramiento debe ir al activo, no al producto, lo que requiere una fuerte inversión en recursos y en tecnología”.

Miguel Morán, consejero delegado de Barclays Wealth Managers, recuerda que “las retrocesiones son más altas para los productos de mayor riesgo, lo que puede constituir un incentivo perverso y, en ese sentido, la prohibición mejora la transparencia”. Sin embargo, Morán afirma que la experiencia en Reino Unido es mixta hasta la fecha: “La principal crítica es que los inversores con patrimonios bajos no suelen pagar por el asesoramiento independiente, por lo que, en la práctica, se han quedado sin asesoramiento. Así que puede que una norma que pretende mejorar la situación la acabe empeorando porque genera desprotección”.

Gonzalo Rengifo, director general de Pictet Asset Management para Iberia y Latinoamérica, incide en esta idea: “En Reino Unido, millones de inversores con patrimonios medios se han quedado sin asesoramiento. En España existe mucha tradición de asesorar, pero se trata de un asesoramiento de producto. Las entidades están invirtiendo mucho en tecnología y en formación, pero la prohibición de retrocesiones resultaría desastrosa en España porque el inversor español no está preparado aún para un cambio de este tipo”.

Pedro Dañobeitia, consejero delegado de Deutsche Asset & Wealth Management (DeAWM) para Iberia y Latinoamérica, está de acuerdo: “Una medida de este tipo va en contra de la tradición deflacionista en costes de nuestro sector y, si la comisión explícita no convence en un mercado tan sofisticado como el Reino Unido, será difícil que funcione en España. Lo que sí veo probable es que en breve pasemos a informar al partícipe del TER del fondo, para que sea consciente de los costes totales”.

Por su parte, Sol Hurtado de Mendoza, directora general de BNP Paribas Investment Partners sí ve probable que, en España, “los clientes más formados y con mayor poder adquisitivo estén dispuestos a pagar por el asesoramiento independiente, pero lo cierto es que aquí no estamos acostumbrados a pagar solo por el asesoramiento”. En opinión de Hurtado, la evolución natural del sector será moverse hacia las clases de acciones “limpias”, es decir, sin comisiones, como ya ha sucedido en el Reino Unido.