Ángel Martínez-Aldama: “En la UE el carácter colectivo de las sicav se refleja en que sean abiertas y no en su número de inversores”


Desde el verano de 2015, la Asociación de Instituciones de Inversión Colectiva y Fondos de Pensiones (Inverco) ha dado un salto cualitativo y cuantitativo tanto en su órgano de dirección como en su estructura de asociados. En esta nueva etapa, liderada por Ángel Martínez-Aldama como presidente y Elisa Ricón como directora general, Inverco ha aumentado aún más si cabe su representación de la industria española de fondos, sicav y pensiones. Aglutina el 98,6% del patrimonio total de las IIC, el 99,9% del patrimonio total de los fondos de pensiones y en torno al 75% del patrimonio total de IIC extranjeras comercializadas en España. Sin embargo, sus retos no acaban aquí. Por eso, Martínez-Aldama analiza para Funds People algunos de los grandes desafíos que las gestoras españolas tienen por delante.

¿Cuáles son los principales retos a los que se enfrenta Inverco?

Básicamente, trabajamos sobre un plan estratégico con cinco pilares: fomentar el ahorro a largo plazo mediante la inversión en planes de pensiones, favorecer el negocio de las entidades asociadas, elevar la educación financiera de los ciudadanos, resaltar la importancia de la industria de gestión de activos para el país y conseguir que la Asociación esté más cerca si cabe de sus asociados difundiendo lo que hacemos en ella.

¿Son conscientes los españoles de la necesidad de complementar la pensión pública con una pensión privada para mantener su estilo de vida en el futuro?

La tasa de sustitución de la pensión pública en España se está reduciendo progresivamente del 83% actual al 50% en 2060, según datos de la Comisión Europea. La media de la OCDE está en el 60%. Habrá una erosión de la capacidad adquisitiva y, además, la generación del baby boom se jubilará entre 2025 y 2040, lo que añadirá presión sobre el sistema público. Por eso urge debatir sobre el sistema de pensiones que queremos en 20 o 30 años. Desde Inverco proponemos tres medidas conjuntas.

La primera de ellas es enviar la famosa carta naranja. ¿Qué mejor manera de educar financieramente a los ciudadanos que decirles cuáles serán sus ingresos futuros por jubilación para que éstos planifiquen sus ingresos y gastos presentes? Otra de las medidas pasa por implementar un sistema de capitalización cuasiobligatorio, al estilo británico o australiano, un modelo que ya están analizando Alemania e Irlanda y en el que hay una autoafiliación por defecto para el empleado a través de su empresa empleadora con posibilidad voluntaria de salida. En Reino Unido, la aportación mínima actual es del 3% del salario (un 2% el trabajador y un 1% el empresario), al que el Estado añade otro 1% para sumar un 4% total. La tercera medida radica en ir hacia un modelo de cuentas nocionales en el sistema público, donde la pensión se calcule sobre toda la vida laboral y no sólo sobre los 19 últimos años computables (25 años con la última reforma a partir de 2022, que aumenta progresivamente los 16 años establecidos como inicio en 2013 cuando la reforma entró en vigor) como se hace ahora. Este modelo ya está implementado en Suecia, Italia y Polonia.

La industria española de gestión de activos está en una fase de negocio próspera. ¿Hay algo en lo que pueda mejorar?

Es cierto que está en un buen momento, pero el perfil de partícipes en nuestra industria es inverso a la media europea. En España, los institucionales sólo representan entre el 20% y el 25% del patrimonio, siendo la gran masa patrimonial de inversores minoristas. Sin embargo, esta relación en otros mercados desarrollados es al revés, donde el protagonismo lo ostentan los institucionales, que son los que dan estabilidad al sistema. Es una pena que muchas gestoras españolas tengan que establecerse en Luxemburgo para poder dirigirse a institucionales o para vender a residentes en España fondos que no pueden registrar en nuestro país. Habría que adoptar medidas, como eliminar el mínimo de 100 inversores, buscar la neutralidad fiscal y evitar la doble tributación, es decir, que tribute sólo el inversor y no la sociedad, y regular el préstamo de valores.

En junio hasta diez nuevas gestoras de fondos, pensiones y sicav se incorporaron a Inverco como miembros ordinarios. ¿Está satisfecha Inverco con su representación del sector?

Nuestra representación del sector es amplísima. Nuestro objetivo es dar servicio a todas las entidades. Se está demostrando que la sociedad gestora de instituciones de inversión colectiva (SGIIC) es la figura societaria más amplia para ofrecer productos y servicios de inversión. No obstante, aún nos queda un grupo por incorporar, las agencias de valores que gestionan sicav.

¿Es realmente Madrid una plaza financiera de suficiente envergadura y adaptada para postularse como alternativa a la City de Londres tras el Brexit y captar nuevas firmas de inversión?

Madrid tiene más pros que contras. A favor juega la competitividad en costes frente a París o Frankfurt, las buenas infraestructuras de telecomunicaciones y transportes, el elevado nivel de vida y el clima. En contra está la falta de una población bilingüe y la ausencia de tradición de una industria financiera fuerte con otra industria auxiliar.

Los partidos políticos han puesto el foco sobre el régimen de las sicav, una industria responsable de 33.000 millones de euros. ¿Qué mensaje les lanzaría, forme quien forme gobierno?

Les recordaría que estos vehículos pueden gestionarse fuera, desde Londres, Luxemburgo o Dublín, por ejemplo. Si eso ocurriera, se reduciría empleo en España y no se invertiría en valores domésticos. Muchas bancas privadas internacionales que han radicado su negocio en España en torno a las sicav podrían reducirlo o suprimirlo. El mensaje que debe calar es que el carácter colectivo de las sicav se refleja en que sean abiertas y no en el número de inversores mínimo necesarios, límite que no existe en ningún país de la Unión Europea, que registran en España sus sicav para venderlas aquí. Por lo tanto, cualquier restricción adicional a la regulación existente supondría un desplazamiento del ahorro hacía vehículos extranjeros.

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