AIMA, la asociación global de hedge funds, manifestó ayer en un comunicado su preocupación ante las nuevas medidas que plantea la directiva de gestión alternativa que prepara la UE, algunas de las cuales considera “impracticables” y condenadas al fracaso. Como ejemplo, señala la hipocresía de pedir requisitos a fondos de terceros países que ni la UE puede cumplir y critica la inviabilidad del pasaporte internacional. Éste requeriría reforzar la regulación por parte de los supervisores de países extracomunitarios, así como la realización de acuerdos individuales entre los reguladores de fuera de la UE y los de los estados europeos. AIMA advierte también del encarecimiento de los servicios de los depositarios y la concentración del riesgo, debido a las estrictas normas sobre sus responsabilidades, y se queja de que la normativa sobre remuneración ha sido tomada de la directiva bancaria y “las gestoras no son bancos”.
“Apoyamos completamente los objetivos regulatorios de la directiva, ya que es deseable para ambos aumentar la transparencia y mejorar las posibilidades de evitar el riesgo sistémico en interés de la estabilidad financiera, pero estamos preocupados por muchas de las propuestas en el texto de la directiva que se discute en el Comité Económico y Monetario del Parlamento Europeo y en el ECOFIN”, afirma su responsable, Andrew Baker.
En particular, la organización hace referencia a la alta politización del proceso de negociación en el Comité Económico, un factor que impidió “tomar nota de la factibilidad legal y práctica” de los compromisos tomados de cara al futuro. Como ejemplo, AIMA hace referencia al artículo 35 a, que prohíbe actualmente a los inversores posicionarse en fondos de terceros países a menos que la jurisdicción cumpla una serie de condiciones. “Sin embargo es cuestionable si, actualmente, cada miembro de la UE puede cumplir esas mismas condiciones”.
AIMA critica también el pasaporte internacional propuesto por el Parlamento: cree que no puede funcionar debido a que se basa en un refuerzo de las reglas de la UE “por parte de supervisores de otros países que con casi toda seguridad se negarán a hacerlo”, afirma Baker. Por todo ello, la organización se muestra preocupada por que la directiva diferenciará la industria europea en términos de recibir un especial tratamiento e impondrá controles que no tienen otros participantes del mercado.
“Podemos decir a buen seguro que las reglas sobre los depositarios, delegaciones, valoraciones, apalancamiento, ventas a corto, acceso a terceros países, proveedores de fondos y servicios no tienen equivalente en ninguna otra parte de la legislación sobre servicios financieros de la UE”, se queja Baker, convencido de que numerosos de los requisitos propuestos son desproporcionados “hasta el punto de ser punitivos”. “Todo lo que queremos es un tratamiento igual y justo”, afirman.
Pasaporte para fondos extranjeros
De hecho, AIMA cree que el texto aprobado por el Consejo es “mucho más práctico y realista que el del Parlamento, especialmente en la cuestión de los terceros países, donde el primero permite a los regímenes “national private placement” dar acceso a gestores de países ajenos a la UE para que sitúen sus fondos en cada estado miembro.
Sin embargo, las preocupaciones residen en que el texto del Consejo propone acuerdos de cooperación entre el regulador del gestor y el de cada estado miembro en cuyo mercado está el producto, una medida que “no sería práctica”, pues implicaría que el regulador del fondo extra europeo tendría que llegar a acuerdos con cada uno de los supervisores de los 27 estados de la UE por separado.
Además, se queja del encarecimiento de los servicios de los depositarios y la concentración del riesgo. “La estricta responsabilidad que los depositarios deben asumir por sus pérdidas (incluso por circunstancias que estén fuera de su control) hará extremadamente costosos sus servicios”, afirma. Sin contar con que las restricciones a la hora de elegir depositarios también podrían derivar en un incremento del riesgo debido a que puede crear concentraciones de riesgo en unos pocos actores.
Por último, la asociación considera que la normativa sobre remuneración ha sido “tomada esencialmente de la directiva bancaria”, algo no apropiado, ya que “las gestoras no son bancos”.
“Esperamos que el diálogo a tres bandas entre el Consejo, la Comisión y el Parlamento resuelva éstas y otras cuestiones clave de una forma razonable y sensata”, apostilla.