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Update de los cuatro retos regulatorios que se avecinan


El año 2016 se presenta como un periodo de grandes cambios para las gestoras de fondos y la comunidad de servicios financieros en Europa, dada la numerosa legislación que está bajo la lupa y el abanico de enmiendas a las regulaciones que están sobre la mesa. En opinión de FTI Consulting, consultora estadounidense presente en España desde 2008, este escenario abre numerosas oportunidades para que las gestoras y otros actores de la industria puedan trasladar sus necesidades sobre las nuevas normas europeas y resume los principales retos regulatorios a los que se enfrentará el sector de los servicios financieros este año.

MiFID II

Hace unos días se hacía oficial el retraso de la entrada en vigor de MiFID II hasta el 3 de enero de 2018, una decisión motivada por los importantes retos técnicos de implementación que tienen que abordar los reguladores y las entidades financieras. “El retraso es positivo porque implica más tiempo para debatir”, explica Hans Hack, responsable del departamento de servicios financieros de FTI Consulting en Bruselas. “Los reguladores nacionales podrán cooperar en la implementación de estos cambios, mientras que los participantes de los mercados financieros tienen un año más para entender mejor cómo les afectan las nuevas normas”.

Sin embargo, la firma señala que la nueva fecha también tiene implicaciones negativas, ya que pospone nuevas formas de negociación que hasta ahora solo estaban disponibles para pequeños grupos de operadores y que podrían verse beneficiadas –en términos de liquidez y de formación de precios– por la participación de nuevos actores, como las gestoras de activos su liquidez. Además, el retraso abre la puerta a que la regulación sufra nuevas modificaciones.

Unión de los Mercados de Capitales

El pasado mes de febrero, la Comisión Europea iniciaba formalmente el proceso hacia la creación de un auténtico mercado único de capitales con el que persigue suprimir los obstáculos a la inversión transnacional y diversificar la financiación de la economía para mejorar el acceso a la financiación de las empresas europeas, sobre todo pymes. “Básicamente, la Comisión quiere facilitar y abaratar la distribución de fondos en toda la UE”, apunta Hack. “Ahora mismo, la distribución se realiza habitualmente a través de intermediarios, que con frecuencia son los bancos, lo que incrementa los costes. Gracias al desarrollo de la tecnología financiera (fintech), la distribución transnacional de fondos podría ser más rápida y sencilla, pero el reto está en establecer un marco regulatorio capaz de gestionar esta evolución”.

Remuneración en el sector de la gestión de activos

“Existe un debate abierto sobre la conveniencia de vincular la legislación que limita las primas que reciben los banqueros con la remuneración de los gestores”. Como explica el experto, en su forma actual las normas aplicables al sector bancario afectan también a las gestoras de activos, al equipararlas con la banca de inversión. Sin embargo, “algunas gestoras argumentan que sus organizaciones son muy diferentes a los bancos y que su remuneración depende directamente del comportamiento de sus fondos”, por lo que defienden que se les aplique otro modelo. “Es probable que se lance una consulta sobre este espinoso asunto en primavera y es importante que las gestoras alcen la voz y participen en el debate”, afirma Hack.

Entidades de Contrapartida Central (CCP)

Está previsto que antes del verano entre en vigor el sistema centralizado de compensación, liquidación y registro de valores que será obligatorio en toda la UE. Pero, al mismo tiempo, “la Comisión está revisando la legislación aplicable y estudiando el marco necesario en caso de que el sistema de entidades de contrapartida central (CPP, por sus siglas en inglés) diese problemas”.

Dos cuestiones centran el debate: qué pasaría si el sistema de CPP no funcionase como debe y si Europa debe ser la primera región en aplicar este sistema o si sería más recomendable consensuarse un enfoque mundial. “La pregunta clave es quién sería responsable en última instancia: ¿las CPP, los miembros de las CPP o los inversores?”, plantea Hack. “Existe el riesgo de que las gestoras y los inversores sean los más afectados y acaben pagando la factura, a menos que sean capaces de defender sus derechos”.

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