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Toque de atención de ESMA a los closet trackers


ESMA ha fijado su mirada en el closet tracking o index hugging, es decir, la práctica por la que un fondo que supuestamente aplica una gestión activa en realidad se limita a replicar a su índice de referencia, pese a cobrar unas comisiones mucho más elevadas que los productos de gestión pasiva.

La Autoridad Europea de Valores y Mercados empezó a investigar el alcance del problema hace algo más de un año, después de que diversas asociaciones de inversores de toda Europa diesen la voz de alarma. Así, el supervisor europeo ha analizado el comportamiento, entre 2012 y 2014, de 2600 fondos activos de renta variable UCITS domiciliados en la UE con un patrimonio gestionado superior a los 50 millones de euros, lanzados antes del 1 de enero de 2005 y que cobran una comisión de gestión de más del 0,65%.

Para determinar hasta qué punto estos fondos aplican una gestión auténticamente activa, la institución ha usado una combinación de diversos parámetros, como el active share, el tracking error y el coeficiente de determinación (R2).

Los resultados hablan por sí solos: cerca de un 15% de los fondos analizados arrojan un active share inferior al 60% y un tracking error menor al 4% –cifras que caen por debajo del 50% y el 3%, respectivamente, en la mitad de esos casos– lo que indica que, en realidad, se trata de closet trackers. No obstante, algunos estudios apuntan que la proporción podría ser muy superior (leer más).

“La protección de los inversores representa el núcleo de nuestra misión y los resultados preliminares plantean cuestiones que exigen un análisis más detallado”, señala Steven Maijoor, presidente de ESMA, a quien le preocupa que los inversores estén pagando comisiones elevadas que no se corresponden con el nivel de servicio o el perfil de rentabilidad-riesgo declarado.

“Las gestoras deben proporcionar a los inversores información correcta, clara y veraz”, recuerda Maijoor. Por eso, el supervisor ha anunciado que llevará a cabo una investigación más profunda en colaboración con los reguladores nacionales y no descarta tomar medidas contra las gestoras cuyas prácticas de comercialización resulten cuestionables. 

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