Dice el dicho que, tras la tempestad, viene la calma. Después del tsunami regulatorio al que se ha visto sometido el sector financiero en los últimos años −con el doble objetivo de proteger al inversor y evitar una nueva crisis− parece que 2015 se presenta algo más tranquilo, al menos en cuanto a la introducción de nuevas normativas se refiere. Pero, ¿cuál está siendo el impacto real de estas normas sobre el mercado minorista europeo?
Según una encuesta realizada recientemente por Cerulli Associates, cuyos resultados aparecen en el número de diciembre de The Cerulli Edge-Global Edition, las instituciones financieras señalan a MiFID II como la regulación con un mayor impacto en cuanto a costes, seguida de FACTA, AIFMD, UCITS V, Solvencia II, RDR y PRIIP. Sin embargo, en lo que se refiere al potencial de generación de ingresos, UCITS V se percibe como la normativa más importante, seguida de MiFID II, AIFMD, RDR, PRIIP, FATCA y Solvencia II.
Tras evaluar el aumento de costes asociado a la implementación de estas medidas y el potencial de generación de ingresos que conllevan, algo más de la mitad de los encuestados (53%) creen sus márgenes de beneficio se mantendrán en 2015-16, una cifra que cae hasta el 30% al pensar en el periodo 2016-17. De forma similar, mientras que el porcentaje de firmas que cree que sus márgenes de beneficio se reducirán representa un 25% en 2015-16, el porcentaje aumenta hasta el 40% en 2016-17. Aún así, entre un cuarto y un tercio de los encuestados se muestra optimista y considera que será capaz de aumentar sus márgenes de beneficio en ambos periodos.
MiFID II y la gestión pasiva
Si bien las firmas encuestadas por Cerulli se muestran divididas con respecto al impacto de MiFID II sobre la distribución independiente −un 52% cree que la directiva europea reducirá la distribución independiente de fondos, mientras que el otro 48% opina que no lo hará−, parece que existe un mayor grado de consenso sobre cómo afectará esta norma al crecimiento de los productos de gestión pasiva. Casi tres cuartos de los participantes (73%) dan por hecho que el incremento de costes asociado a los requisitos de información que impone MiFID II provocará una rotación moderada hacia los fondos de gestión pasiva, frente al 25% que opina lo contrario.