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¿Posible retraso de MiFID II? Las gestoras opinan


Los expertos coinciden: todo parece indicar que la implementación de MiFID II se acabará retrasando hasta enero de 2018, es decir, un año con respecto al calendario previsto originalmente. Aunque la posibilidad lleva rumoreándose desde hace meses, las recientes declaraciones del presidente de ESMA, Steven Maijoor, que hacía hincapié en la enorme complejidad de las modificaciones a introducir en los sistemas de IT de las entidades y los mercados, podrían acabar decantando la balanza a favor de un retraso.

Pero los problemas van más allá de cuestiones puramente técnicas. Como señalaba hace unos días María Gracia Rubio de Casas, fundadora de RdC Abogados, las recomendaciones sobre las normas técnicas de regulación (NTR) y ejecución (NTE) propuestas por ESMA encuentran una fuerte oposición por parte tanto del Comité Consultivo de ESMA para los Mercados de Valores (Securities Markets Stakeholders Group, SMSG) como de varios Estados miembros, entre los que destacan Reino Unido, Alemania y Francia. Entre los puntos más conflictivos están la prohibición de retrocesiones y su impacto sobre la arquitectura abierta y el asesoramiento independiente, y el cálculo de la liquidez de los instrumentos de renta fija.

“Consciente de que el texto actual presenta problemas, la Comisión ha venido reuniéndose con el Parlamento y el Consejo, lo que explica el retraso de su propuesta”, explicaba Philip Warland, responsable de Políticas Públicas en Fidelity, durante su intervención en la conferencia Media Days organizada recientemente por la gestora en Londres, en referencia al hecho de que la Comisión aún no haya presentado ante los otros dos organismos una propuesta formal de normas técnicas para su valoración. De hecho, Warland apunta que “la Comisión no tiene por qué aceptar las recomendaciones de ESMA. Ya ha ocurrido en ocasiones anteriores, cuando reescribieron completamente las normas”.

“Una vez que la Comisión presente su propuesta, el Parlamento y el Consejo tienen otros tres meses para declarar su no-oposición. El problema es que, a diferencia de las normas de nivel 1, ahora la directiva debe aprobarse, o no, íntegramente. No se pueden modificar o eliminar ciertos puntos”. Aunque la opinión general entre los Estados miembros es que lo más recomendable sería retrasar la implementación durante un año, “la Comisión siempre se ha mostrado reacia porque, si se abre la puerta a modificar las normas de nivel 1 sobre el calendario de aplicación, algunos podrían presionar para modificar también otras cuestiones”, continúa el experto.

Así las cosas, Warland opina que “lo más probable es que la Comisión se reúna a puerta cerrada con el Consejo y el Parlamento y que no presente una propuesta hasta que las otras dos instituciones acuerden aceptar una propuesta que simplemente modificará la fecha de implementación en un año. Así que, en mi opinión, la implementación de MiFID II se retrasará y la decisión se hará pública a finales del próximo mes de enero”.

Para Peter Grimmett, responsable de Desarrollo Regulatorio en M&G Investments, "en este momento parece claro que la implementación de la parte relativa a la infraestructura de mercado sufrirá un retraso de hasta un año. Aunque estoy menos convencido con respecto a la parte de protección de los inversores, un retraso en ambos sentidos sería necesario".

Sheila Nicoll, responsable de Políticas Públicas en Schroders, espera una resolución (en un sentido o en otro) para el mes de enero. “Todavía no se ha tomado ninguna decisión sobre un posible aplazamiento. La Comisión es consciente y entiende que es necesario no dilatarla en exceso, ya que esto generaría un escenario de mucha incertidumbre en torno a MiFID II y la industria”, afirma la experta en el Media Tour celebrado por Schroders en Londres.

En el mismo sentido se ha expresado también el presidente de la FCA, John Griffith-Jones, quien opina que retrasar la implementación de la directiva “no es lo ideal” pero ofrecería un calendario más realista para las empresas, ya que les otorgaría más tiempo para acometer los cambios necesarios: “Seguiría habiendo el mismo volumen de trabajo pero repartido en un periodo de tiempo más amplio”.

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