El proyecto de apertura de un nuevo canje fue anunciado el lunes por Kirchner, luego de que la Cámara de Apelaciones de Nueva York confirmase el viernes pasado un fallo del juez Thomas Griesa a favor de los fondos denominados "buitre", para que cobren en efectivo y de una sola vez unos 1.470 millones de dólares por bonos argentinos en default desde 2001. La aplicación de la sentencia quedó en suspenso hasta que la Corte Suprema de Estados Unidos decida si toma el caso. En caso de que no lo acepte, la sentencia que obliga a Argentina a pagar quedará firme.
Tanto NML Capital como Aurelius, los dos fondos de inversiones que lideran la demanda contra Argentina ante la justicia federal en Manhattan, rechazaron los canjes de 2005 y 2010 aceptados por el 93% de los tenedores de bonos en default y que incluyó fuertes quitas (67% en promedio) sobre el valor nominal de esos títulos y plazos de pago extendidos.
Diversas opiniones
Expertos citados por la prensa argentina alertaron que evitar futuros embargos de fondos no aleja al país de caer en un "default técnico". Advierten que no hay garantía de que el 100% de los bonistas accedan a cambiar la jurisdicción de sus títulos, porque hay fondos cuyos estatutos no les permiten tener bonos bajo legislación argentina.
Para Moody's, la decisión de Argentina de cambiar la jurisdicción de pago de sus bonos "no significa necesariamente un default en este momento", indicó a la AFP Gabriel Torres, el jefe analista de la agencia de calificación financiera. "No hemos visto los detalles. La clave va a ser si hay cambios en el dinero que reciben, la facilidad de disponer del mismo en la moneda original en la que se pagan. Si solamente cambia la jurisdicción, tendremos que ver qué significa", explicó Torres.
El economista Arturo Porzecanski, de la Americam University de Washington DC, indicó a AFP que el "Plan B" de Argentina "no va a prosperar". Si no que, al contrario, "va a desatar un contraataque por parte de NML, por el cual se le va a solicitar a las cortes que aprueben una orden exigiendo que Argentina no haga nada para afectar las condiciones de pago pre-establecidas", sostuvo. Para Porzecanski, esta propuesta del gobierno de Kirchner "le va a poner punto final al proceso de apelación por parte de Argentina, ya que si la Corte Suprema tenía alguna mínima intención de tomar el caso, ahora no lo va a hacer".