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¿No llores por mí, Argentina?


La gran noticia de la semana pasada en el mundo de la renta fija fue la negativa de la Corte Suprema de EE.UU. en admitir un recurso introducido por  el gobierno argentino contra la sentencia del juez Thomas Griesa, que obliga a nación sureña a pagar 1.500 millones de dólares al fondo de cobertura NML Elliot y a otros entes similares que no aceptaron las restructuraciones  de  deuda de los años 2005 y 2010, y que  demandaron en el tribunal neoyorquino el pago del total de sus acreencias. No vamos ahondar en los detalles de este evento, que ha sido ampliamente cubierto por la prensa especializada,  preferimos dada la línea de trabajo de esta columna poner énfasis aspectos que deben considerar los inversionistas en renta fija soberana denominadas en dólares a partir de ahora.

No vamos ahondar en los detalles de este evento, que ha sido ampliamente cubierto por la prensa especializada, preferimos dada la línea de trabajo de esta columna poner énfasis aspectos que deben considerar los inversionistas en renta fija soberana denominadas en dólares a partir de ahora.

Para empezar, es importante destacar que desde el momento de la emisión de la sentencia original, en el 2012, Argentina tuvo un pésimo manejo de la situación, al permitir que funcionarios de la Administración de Cristina Fernández se expresaran en términos insultantes tanto del contenido de la misma como del juez encargado del caso. Tal desatino creó una matriz de opinión adversa que no pudo ser contrarrestada por el lobby que el FMI y gobiernos como el de Francia hicieron a su favor.

Desde hace unos años el FMI aboga por la creación de un marco legal para tratar de manera expedita los eventos de insolvencia de los gobiernos soberanos ya que además de las consideraciones económicas de cualquier cese de pago, la interrupción de los flujos comerciales que el incumplimiento conlleva genera enormes costos a las poblaciones de los países afectados.

La ley del Estado de Nueva York da la posibilidad a acreedores minoritarios de ejercer sus propias querellas que son independientes de las de otros demandantes, creando situaciones que entorpecen el buen funcionamiento de las restructuraciones destruyendo valor tanto para deudores y acreedores.

Por su parte el sistema inglés, usado frecuentemente también como referente en los contratos de deuda, obliga a los acreedores a nombrar un representante colectivo que tiene el poder de negociar por la totalidad de los afectados que deben respetar los términos convenidos por el negociador común.

A partir de este evento, los emisores soberanos tenderán a domiciliar sus emisiones en aquellas jurisdicciones que minimicen el chance de que estrategias especulativas como las desarrolladas exitosamente por el fondo especulativo NML Elliot., y el FMI seguirá abogando para que el enfoque inglés se tome como estándar en crisis de deuda soberanas.

Fondos de esta naturaleza no son los malos de la película, ya que tienen la función de dar liquidez a inversionistas que no quieren pasar por una lenta negociación de restructuración. Dentro del clásico espíritu capitalista sacan partido a su músculo financiero y a sus excelentes equipos de abogados que usan cualquier rendija que el régimen legal les ofrezca.

¿Aceptarán los inversionistas institucionales emisiones de deuda domiciliadas en países que resuelven bancarrotas usando la figura de representantes mayoritario? Muy probablemente lo harán. Es un hecho sabido que dada las bajas tasas de interés imperantes en el primer mundo, y la enorme cantidad de recursos excedentarios, los potenciales emisores usan su poder de negociación admitiendo hoy en día menos cláusulas en los contratos de deuda que beneficien a los acreedores que las acostumbradas en un pasado reciente, inclusive este comportamiento se presenta hasta en los contratos de los llamados bonos basura.

Al momento de escribir esta nota, el gobierno argentino autorizó a su bufete en Nueva York para que contactara al juez T. Griesa así como a sus demandantes para comenzar a negociar. Se especula que pagarán a sus acreedores con nuevos títulos y tal vez con algo de efectivo. No serán 1.500 millones de dólares pero la cantidad recibida excederá con creces los 45 millones de dólares invertidos. Por cierto, el juez T. Griesa se quejó de que la Sra. Fernández, en su discurso del lunes 16 de junio dirigido a la nación argentina, calificase su fallo como “una extorsión”. No se pueden ganar todas, Sra. Cristina.

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