Tags: Asesoramiento | Legal |

MiFID II para principiantes: repaso a todas las implicaciones de la normativa y situación actual


Para hacer frente al tsunami regulatorio, Fidelity ha habilitado un equipo compuesto por tres personas que vigilan la evolución de la política y la regulación desde su sede en Londres, junto con una persona a tiempo parcial para la región Asia-Pacífico. Lo lidera Dan Hedley, director de Políticas Públicas de Fidelity.

En un evento para periodistas celebrado en Londres, Hedley ha ofrecido un rápido repaso de las implicaciones más importantes de MiFID II antes de su entrada en vigor en 2018, especialmente sobre el debate en torno a las retrocesiones. Resume así la polémica: “Una parte de MiFID II estipula que, si quieres distribuir productos de otros y mantenerte como un cierto tipo de distribuidor -asesor independiente o gestor de carteras discrecionales-, no puedes tomar retrocesiones del proveedor de producto, porque eso podría sesgar tus recomendaciones. Si eres un asesor no independiente, puedes seguir cobrando la retrocesión, pero con la condición de que exista una comisión de asesoramiento que se traslade al cliente”.

El experto admite que la pregunta que le hacen con más frecuencia es por el efecto que tendrá la prohibición de retrocesiones sobre la distribución europea: “Esta pregunta en sí misma expone el hecho de que mucha gente no comprende que no existe una prohibición total a las retrocesiones en Europa”. Hedley recuerda que la prohibición total de retrocesiones se limita a cuatro jurisdicciones (Australia, Holanda, Sudáfrica y Reino Unido), donde se ha prohibido la capacidad del distribuidor de cargar con comisiones al proveedor de producto si se proporciona algún tipo de asesoramiento.

Precedentes

Sudáfrica fue la pionera en lanzar la idea de la prohibición de retrocesiones, aunque el país sigue trabajando en la legislación pertinente. El siguiente hito lo protagonizó Reino Unido, con la implementación de RDR, una legislación pensada originalmente para “atajar el problema de que había un número excesivo de asesores y que no todos estaban suficientemente cualificados para proporcionar un buen asesoramiento, y también por la preocupación de que un buen número de ellos tenía una opinión sesgada hacia los fondos por los que recibían una comisión”. Aunque para el experto “es justo afirmar que RDR ha conseguido una gran parte de sus objetivos regulatorios”, también alude a un famoso daño colateral, el hecho de que RDR ha marginado a un buen número de inversores que no pueden permitirse pagar por el asesoramiento.

La prohibición de retrocesiones aplicada en Holanda es un tanto diferente, porque se centra en las redes bancarias de distribución de fondos, que estaban distribuyendo el 85% de todo el volumen de activos bajo gestión. En este caso, los bancos firmaron un acuerdo voluntario por el cual no cobrarían retrocesiones a los proveedores de producto, pero darían asesoramiento a los clientes previo pago. Las consecuencias de la normativa fueron similares al caso británico: “Antes de la prohibición, en torno a un 10% del dinero se invertía vía acceso directo a fondos. Un 70% fluía a través del canal del asesoramiento y el 20% restante se dejaba en manos de gestores de carteras discrecionales. Después de la prohibición, un 30% accede directamente a fondos, otro 30% a gestores discrecionales y el 40% a través del canal de asesoramiento, pero ahora los clientes tienen que pagar por recibir el servicio”, detalla el experto. Éste añade que también se ha repetido el caso de gente que ha sido excluida del proceso por no poder pagar el asesoramiento.

Reino Unido y Holanda presentan no obstante grandes diferencias. “La primera y más obvia es que hay cuatro bancos clave en Holanda para la distribución, mientras que en Reino Unido hay miles de EAFIs”, indica Hedley. La otra diferencia es que, en Holanda, “muchos de los ahorros que tiene la gente tienden a ir hacia esquemas de pensiones principalmente”. Es un esquema que también se repite en el caso australiano, el último país que ha aplicado una normativa de este tipo. “Los australianos están controlando un canal que ya es muy pequeño, como en el caso de las autoridades holandesas”, concluye el responsable.

Excepciones a la norma

“El resto de países, incluyendo a la UE (junto con Suecia, EE.UU, Japón, Brasil, India, Dinamarca, Corea del Sur, Suecia, Irlanda, Israel, Nueva Zelanda, Hong Kong, Italia, Alemania, Francia, Bélgica y Singapur) seguirán permitiendo que operen redes de distribución que puedan cobrar comisiones a los proveedores de producto bajo ciertas circunstancias”, aclara el experto. La clave, entonces, reside en comprender esas circunstancias. Pone como ejemplo a Alemania: “La industria alemana de fondos colaboró con las autoridades alemanas para poner a MiFID II en el lugar adecuado, al permitir a las redes de asesoramiento alemanas seguir operando de la firma forma”, afirma.

El experto explica cómo lo consiguieron: “Lo que dice MiFID originalmente es que puedes tomar las retrocesiones de un proveedor de producto como asesor si demuestras que estás mejorando la calidad. Pero la manera de que demostrar que se está haciendo era muy inflexible; la legislación dio una lista no exhaustiva de acciones que excluían de tomar la retrocesión, y la industria alemana de distribución de fondos, junto con el regulador alemán, señalaron que nadie podía construir un modelo de negocio basado en una lista que después pudiera modificar cualquier regulador en cualquier momento, porque eso pararía efectivamente el modelo que ya tendrías desarrollado”.

En esa lista figuraba la noción de poder cobrar retrocesión a un proveedor de producto para apoyar el asesoramiento si se sigue ofreciendo a los inversores una gama amplia de fondos de terceros a un coste razonable. Para Hedley, el enfoque de los distribuidores alemanes sobre este punto “es una buena forma de mantener la estructura de arquitectura abierta”.

Los países nórdicos también efectuaron sus propias objeciones sobre MiFID II, al preguntarse Suecia y Dinamarca si se podría extender la prohibición para abarcar toda la industria. Hedley cree que la intervención de la autoridad de competencia sueca fue positiva para el debate: “Pidió al regulador que no efectuara esa extensión porque destruiría la competencia para la distribución en los mercados suecos, porque toda la distribución pasaría a estar en manos de los bancos y los inversores perderían la posibilidad de elegir diferentes asesores para diferentes servicios”, recuerda.

El debate se ha trasladado actualmente a España, donde CNMV ha preguntado por la manera en que una firma deba desarrollar su modelo de negocio con el fin de cobrar las retrocesiones. Hedley lo explica así: “El distribuidor siempre ofrecería la clase de acción más beneficiosa que estuviera disponible. Esto ha causado preocupación entre algunos grupos de distribuidores en España que ofrecen asesoramiento independiente y no independiente, porque si ofrecen asesoramiento independiente, tendrán acceso a clases de acciones que cobren cero y que tendrían que utilizar obligatoriamente, incluso aunque tengan que asumir pérdidas. Lo que debaten la industria y el regulador es que hay una diferencia entre la clase de acción que es beneficiosa para el inversor final y la clase más barata”.

El experto de Fidelity encuentra correcto el argumento de los distribuidores españoles de que “pueden vender una clase de acción que cobre comisiones a los inversores más adinerados, siendo el beneficio que pueden tomar la retrocesión y ofrecer una amplia gama de fondos a terceros a un coste razonable”. O lo que es lo mismo, “utilizar las condiciones impuestas por MiFID para cobrar la retrocesión argumentando que de hecho es un beneficio que está permitido bajo las normas de la CNMV”, concluye.

 

Empresas

Otras noticias relacionadas


Anterior 1
Anterior 1

Lo más leído

Próximos eventos