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Las dos razones por las que los efectos de la RDR en Reino Unido no tienen por qué producirse en otros países


A pocos meses de su implementación –ya sea en 2017 o en 2018–, son muchos los que coinciden en que MiFID II transformará la industria europea de la distribución de fondos, aunque aún no está claro si este cambio resultará positivo o negativo. Para tratar este tema, el III Foro Inversis de Innovación y Liderazgo reunió recientemente en Madrid a conocidos expertos que analizaron cuestiones como los retos a los que se enfrentan las entidades españolas ante MiFID II (Miguel Ángel Luna, Popular Gestión Privada), los desafíos y restricciones que supone la directiva europea para la bancas privadas (Marc Brodard, banca privada de Schroders) o las consecuencias imprevistas de la introducción de la Retail Distribution Review (RDR) en Reino Unido (Paul Dunlop, Deloitte).

De hecho, la experiencia en Reino Unido –y, en menor medida, en Holanda– suele tomarse como proxy de lo que podría suceder en el resto de países europeos. Sin embargo, Peter Grimmett, responsable de desarrollo regulatorio en M&G Investments, cree que lo vivido en Reino Unido no tiene por qué repetirse en otros países, por dos motivos fundamentales: las peculiaridades del mercado británico, donde la presencia de asesores independientes es mucho más marcada que en otras jurisdicciones, y las diferencias entre RDR y MiFID II.

“Mientras que la RDR prohíbe el pago de retrocesiones entre los nuevos productos distribuidos en el Reino Unido por asesores y plataformas, y en abril de 2016 ampliará esa prohibición a los productos distribuidos con anterioridad a la introducción de la norma (los ‘productos heredados’), MiFID II no prohíbe el pago de retrocesiones a los asesores no independientes, por lo que incluso los asesores independientes podrían eliminar el término ‘independiente’ de su denominación y seguir cobrando retrocesiones. Así que es posible que MiFID II no tenga ningún impacto en el mercado europeo de distribución de fondos”, afirmó el experto durante su intervención en el foro.

“Otro punto conflictivo es que MiFID II solo cubre ciertos productos, por lo que otros como los seguros y los planes de pensiones quedan fuera del ámbito de la directiva y, por lo tanto, pueden seguir pagando retrocesiones”, añade. “Esta situación podría llevar a los asesores a empezar a recomendar más este tipo de productos”.

Con respecto a la amenaza que puede suponer la nueva regulación para la arquitectura abierta, Grimmett reconoce que los grandes bancos internacionales muestran un renovado interés por vender sus propios productos, una tendencia que, en su opinión, no solo responde a los cambios regulatorios sino al hecho de que “estas grandes entidades prefieren aplicar un único modelo de negocio mundial, en vez de múltiples modelos en distintos países”.

“Mi conclusión es que el impacto de MiFID II realmente dependerá de en qué mercado opere cada entidad y de cómo se implemente la directiva a nivel local”. En este sentido, Grimmett hace referencia a un gráfico presentado por Diana Mackay, consejera delegada de MackayWilliams, durante el congreso sobre distribución organizado por ALFI en Londres en octubre de este año, según el cual los claros ganadores de la implementación de MiFID II serán los asesores patrimoniales y, en menor medida, los fondos de fondos y las aseguradoras. En el otro extremo, los bancos serán los más perjudicados, seguidos de los asesores independientes (excepto en Reino Unido). El impacto para los supermercados de fondos que distribuyen directamente entre clientes minoristas (D2C) será prácticamente neutral.

 

Profesionalización del servicio de asesoramiento

Por su parte, Pan Andreas, socio director en Henderson Global Investors, hizo hincapié en uno de los requisitos introducidos por la RDR y que también es un objetivo en MiFID II: la mejora de los estándares profesionales de los asesores mediante la exigencia de certificaciones mínimas obligatorias. “Cuando se introdujo esta medida, la predicción fue que el número de asesores se reduciría drásticamente”, explica Andreas, “pero no ha sido así: la mayoría de los asesores han obtenido la certificación mínima obligatoria y muchos han ido más allá y han obtenido certificaciones más avanzadas”.

“Esto no solo ha mejorado su nivel de profesionalidad sino que también ha mejorado la percepción pública: los clientes y el público en general empieza a entender el valor de esas certificaciones y a valorarlas. De hecho, una encuesta reciente revela que los clientes valoran más el nivel de certificación de su asesor que su estatus como asesor independiente o no independiente”.

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