La SVS pide a las entidades locales que informen sobre el impacto de la ley FATCA en EEUU

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Joel Filipe (Unsplash)

La normativa requiere que las instituciones financieras extranjeras (FFI) proporcionen información al Internal Revenue Service (IRS, el servicio recaudador de impuestos de EEUU) sobre los estadounidenses que tengan inversiones en cuentas fuera de su país y que las entidades no financieras extranjeras (NFFE) proporcionen información sobre sus accionistas o partícipes. Para Eduardo Pérez Armienta, socio director de la consultoría en negocios Moore Stephens Orozco Medina, la citada ley es el primer paso de un trabajo en conjunto a nivel internacional, que tiene como finalidad prevenir la evasión fiscal los próximos años.

Para las instituciones que no cumplan con la normativa, la legislación impone una retención de hasta el 30 % sobre sus inversiones en el país. Pero si el cliente no quiere dar su información se le clasifica según Fatca en una categoría de “recalcitrante” y le genera al banco una obligación de eliminarlo de su listado de clientes en un tiempo establecido por la ley, aseguró Randall Madriz abogado asociado de Pacheco Coto.

 

Solicitud de las SVS

Por estas implicaciones de lanormativa estadounidense, la SVS chilena solicitó a las firmas locales estimar las implicaciones que esta norma supondría para cada entidad y sus clientes, y las potenciales dificultades legales u operacionales que tendrá cada firma para cumplir con sus operaciones.

Asimismo, pidió detallar el “plan de acción para evitar que los flujos de clientes nacionales y extranjeros, o de los fondos administrados, sufran la retención a que se refiere la nueva ley”. Lo anterior, especificando si cada una de las entidades está realizando gestiones con el objeto de celebrar el acuerdo respectivo con IRS. Al mismo tiempo, si están requiriendo información en ese sentido a los prestadores de servicios financieros nacionales o extranjeros que emplea cada firma.

Para Eduardo Revilla, de la consultoría Revilla y Álvarez y Alcalá, la firma del convenio supone el fin del secreto bancario. Previsiblemente, en septiembre de 2015 se tendrá la primera obligación de dar información sobre los ejercicios de 2013 y 2014.