La reforma tributaria propuesta por el Gobierno de Michelle Bachelet (en el cargo desde marzo) está siendo objeto de un importante debate. En este sentido, una de las declaraciones realizadas por el ministro de Hacienda, Alberto Arenas, fue especialmente destacada por la Asociación de AFP, la cual indicó a través de un comunicado, que fue un avance "que el ministro haya aclarado que en el caso de las inversiones de los fondos de pensiones en sociedades anónimas, no regirá la retención del 10% sobre sus utilidades". Asimismo, el gremio fue un paso más allá e indicó que ya que los fondos de pensiones no son contribuyentes, y por ello no se aplicará la retención mencionada antes, "por la misma razón se debería devolver a los fondos de pensiones el 25% de Impuesto de Primera Categoría que pagarán las empresas por el total de sus utilidades".
La preocupación de la Asociación y de las AFP se debe a que, algunos de los cambios propuestos en la reforma apuntan a que las compañías tendrán que pagar impuestos por el total de sus utilidades y no sólo por la parte que es retirada por sus accionistas, como sucede actualmente. Entre los afectados por este cambio se encontrarían los afiliados al sistema de pensiones, ya que "a pesar de que la mayoría de nuestros afiliados están mayormente exentos de impuestos, la totalidad de ellos terminaría pagando una tasa de 35% sobre las utilidades de las compañías donde invierten a través de sus fondos de pensiones", explicaba la semana pasada el gerente general de AFP Habitat, Cristián Rodríguez.
Necesario un mayor debate
Ante la profundidad de la reforma y la importancia que tiene ésta para la economía y el funcionamiento del país, el gerente general de Grupo Security, Renato Peñafiel, comentaba que "una equivocación sería muy costosa para el país. Pensamos que se requiere de una coordinada discusión técnica entre los actores relevantes y del tiempo necesario antes de su aprobación, a fin de mitigar todos los impactos adversos que han surgido de su lectura”.
En este sentido, la Asociación de AFP señaló que "el gremio no tiene ningún interés en obstaculizar la reforma tributaria, sino que es su obligación solicitar a las autoridades terminar con la discriminación tributaria que afecta a los ahorros de los trabajadores chilenos". Por ejemplo, de los inscritos en AFP Habitat (2,2 millones de personas), el 80% tiene un ingreso bruto inferior a 560.000 pesos (unos 1.020 dólares) mensuales, por lo que no estarían afectados por el impuesto a la renta, mientras que otro 15% debería tributar máximo un 4%, explica Reuters. "Esta discriminación en contra de los afiliados representa una menor rentabilidad del 0,25% anual, la que si se proyecta en la vida de un trabajador, tiene un perjuicio de aproximadamente el 6% en la pensión final", agregó Cristián Rodríguez, gerente general de AFP Habitat.
Por su parte, el ministro de Hacienda llamó a no desinformar a la población, y recordó que los afiliados a fondos de pensiones no pagan impuestos cuando cancelan sus cotizaciones "porque son inferiores a 500.000 pesos, ese es el debate que debemos tener, el del valor de las pensiones”, aclaró. Por su parte, el viernes pasado la ministra de Trabajo, Javiera Blanco, indicaba que "cuando hablamos de pensiones, seamos serios, los pensionados no van a verse afectados por la reforma tributaria y respecto de las futuras pensiones, no hay estudios serios ni responsables que acrediten una aseveración de esa naturaleza", afirmó la funcionaria, citada por el diario El Mercurio.
Otros cambios de la reforma
El Gobierno de Michelle Bachelet (quien asumió el cargo en marzo), envió recientemente al Congreso un plan para recaudar 8.200 millones de dólares anuales adicionales, a través de un alza gradual del impuesto a las empresas y un cambio de la base tributable, entre otras modificaciones. Los puntos de la reforma que se dan por hechos incluyen el otorgamiento de mayores facultades para el Servicio de Impuestos Internos (SII) a fin de evitar la evasión y la elusión tributaria, la eliminación del Decreto Ley N° 600 (invariabilidad de tributos para ciertos inversionistas extranjeros), el incremento del impuesto a las empresas y accionistas, y la eliminación del Fondo de Utilidad Tributaria (FUT).