El Gobierno de Michelle Bachelet cumple su promesa. Al menos en lo que se refiere a crear una administradora de fondos de pensiones (AFP) estatal, una de las medidas estrella en el programa de la presidenta para volver al Palacio de la Moneda, en medio del debate abierto sobre el sistema previsional chileno.
Este lunes la ministra de Trabajo, Javiera Blanco, firmó el proyecto de Ley que permite levantar la AFP pública. El Ministerio espera que, aunque no es “una solución definitiva y única frente a los complejos problemas que presenta el sistema de pensiones”, sí que podrá contribuir de forma gradual “al mejoramiento de los resultados de las pensiones que se generan en el mecanismo de capitalización individual. Mejorando las ofertas y beneficios en general”.
Asimismo, esperan que la administradora pública introduzca “mayores niveles de competencia, otorgando a las personas la posibilidad de elegir entre un operador público y uno privado”. Por otro lado, la AFP no dañaría a las que ya están en el mercado en la medida en que busca “aumentar la cobertura hacia sectores que no son de interés prioritario para las AFP privadas, entre ellos, personas de menores rentas, trabajadores independientes y trabajadores que cumplen sus labores en zonas alejadas de centros urbanos. Entre ellos debemos diferenciar los no afiliados (donde el 70% de estos son mujeres, por lo cual la AFP Estatal tendría una importante tarea en cerrar la brecha de género entre hombres y mujeres) y los afiliados que no están cotizando”.
Inicialmente para el capital social inicial y el patrimonio de la sociedad de carácter público, el Fisco aportará el 1% y la CORFO (Corporación de Fomento de la Producción) el 99% restante, a lo que se agregará los activos y pasivos que adquiera con motivo de su ejercicio comercial.
“La AFP estatal nos da certeza que el rol del Estado será clave en cobertura y competencia. Es difícil hablar de comisión cero, pero claramente nosotros queremos inyectar más competencia al mercado”, aseguró la ministra Javiera Blanco.
La gestión de la nueva administradora de pensiones estará a cargo de un Directorio de siete miembros, todos designados por presidenta, incluyendo el nombramiento de quien presida el directorio. No obstante que cuatro de ellos son propuestos por el Consejo de CORFO.
La AFP pública tendrá que cumplir con la misma normativa que el resto del mercado. “Vamos a operar en igualdad de condiciones, pero debemos asegurar rentabilidades mínimas, para eso vamos a estar sometidos a las orientaciones del Consejo Asesor de Pensiones”, expresó Blanco.