La inversión socialmente responsable (ISR) en España no se aproxima aún al nivel de desarrollo que tiene en otros países. A pesar de que, por ejemplo, algo más del 60% de los AUM de los fondos de pensiones son suscriptores, directa o indirectamente, de los Principios de Inversión Responsable de la ONU (UN-PRI), la práctica no es tan exitosa como este dato haría suponer. La encuesta que anualmente realiza Novethic entre propietarios de activos, y que en España hace Novaster, muestra que el objetivo principal para desarrollar una política de ISR, en España, es el desarrollo sostenible (2/3 de los encuestados), a diferencia del resto de Europa, en donde éste sigue siendo el principal motivo pero sólo para el 40% de los encuestados, creciendo con fuerza (1/3) los que creen que el principal objetivo debe ser la gestión integral de riesgos. La consideración de los riesgos extrafinancieros como sujeto de la gestión integral no cala todavía en España. Tampoco lo hace el desarrollo formal de las políticas ISR, sólo un tercio de los sistemas la tiene en España, y el doble (2/3) en Europa. Esto es probable que cambie debido a la entrada en vigor este año en España de la normativa que obliga a informar sobre la existencia o no de tal política. No obstante, y por lo que se está viendo en el mercado, ésta puede ser una oportunidad perdida, pues buena parte de los fondos de pensiones adopta miméticamente la política que su gestor de fondos tiene y les propone, sin atender necesariamente a las peculiaridades del fondo, sin un análisis profundo de sus riesgos y sin adaptar a los criterios de su comisión de control.
La encuesta pone de manifiesto también que son pocos los fondos que valoran cuantitativamente el desempeño desde el punto de vista ISR (28% que lo hacen frente al 50% en Europa).
Las políticas que se siguen están basadas en la exclusión de valores, cerca del 80%, que es una estrategia muy primaria, necesaria sin duda, pero como complemento, no como política básica. En Europa se desarrolla más la implicación, esto es, la capacidad de influir en compañías para que cambien sus políticas o sus estrategias y sean compatibles con los principios de inversión socialmente responsable.
Estos datos, que muestran lo que se afirma al principio, el retraso que llevamos en nuestro país en esta materia, suponen también un reto: la ISR ha llegado para quedarse, y queda mucho por hacer para que nuestros inversores institucionales lo incorporen dentro de sus prácticas habituales, lo que redundará en mejores desempeños globales y pensiones mejores y más seguras para sus afiliados.