Uno de los debates recurrentes que se han mantenido en España en los últimos años es aquél acerca de la sostenibilidad en el medio plazo de nuestro sistema contributivo de pensiones. Todos hemos escuchado más de una vez los llamamientos de diversos organismos nacionales e internacionales sobre el alto riesgo de colapso de nuestro sistema de reparto en el medio plazo, a lo que se ha respondido con tímidas reformas que sólo han servido para devaluar las pensiones de nuestros mayores, debido a que no han sido capaces de solventar los enormes riesgos que se derivan de la demografía y economía españolas: baja tasa de natalidad, elevado envejecimiento y baja productividad de la economía.
El transcurrir de los años ha puesto de manifiesto la necesidad de cambiar por completo nuestro sistema “bismarckiano”, que es injusto, no genera ahorro y entra en barrena cada vez que la economía se sitúa en la parte baja del ciclo.
La alternativa que garantiza la viabilidad del sistema pasa por aplicar un modelo de capitalización, consistente en que cada trabajador aporte un porcentaje mensualmente a un fondo de pensiones que invierte en activos de elevada calidad crediticia si se trata de renta fija, o empresas de contrastada solvencia si nos referimos a renta variable. Hablamos de fondos de pensiones solventes y altamente diversificados. Nos encontramos así ante un sistema de pensiones extremadamente justo, pues la pensión de cada trabajador depende en exclusiva de su trabajo y no del trabajo de las próximas generaciones. Este sistema supone, además, un fuerte incentivo a la mejora laboral y a la formación, pues cuanto más ganen los trabajadores, mayor aportación a su fondo de pensiones, beneficiándose de ello toda la economía.
Son más de treinta países los que han adoptado un modelo de capitalización en su sistema de pensiones (algunos más si contamos a los países escandinavos, que presentan un sistema mixto que combina capitalización y reparto), si bien el ejemplo de mayor éxito lo supone la economía chilena. Este sistema fue implantado en Chile en el año 1981, y sus beneficios no tardaron en dejarse notar. La economía elevó su tasa de ahorro en once puntos en los siguientes 15 años, obteniendo un crecimiento medio del PIB en ese periodo de un 7% anual, crecimiento que, en buena medida, fue debido a la liberación de recursos en el sector público que supuso la capitalización. Hasta el año 2009, la tasa de rendimiento de los fondos de pensiones han obteniendo un rendimiento medio anual de un 10% sobre la inflación, provocando un claro enriquecimiento de los pensionistas chilenos.
El gran problema que presenta la adopción de este sistema radica en el coste de transición de un modelo a otro. ¿Quién paga las pensiones que se cobran ahora y no fueron capitalizadas en su momento? ¿Quién paga a los que no se pasan? Afortunadamente, España es un país con enorme liquidez en bienes y empresas públicas que pueden ser vendidas o arrendadas para implantar un sistema de pensiones más justo y responsable.
