La incertidumbre creada en torno a Bankia no podía aguantarse hasta el próximo viernes y en la entidad han decidido hacer cuanto antes el relevo de Rodrigo Rato por José Ignacio Goirigolzarri. El Consejo de Administración del banco se reúne hoy a mediodía para proceder al nombramiento como presidente del que fuera consejero delegado de BBVA, y posteriormente, por la tarde, se celebrará el encuentro del máximo órgano de gobierno de BFA (la matriz del grupo) para proceder igualmente al traspaso de poderes.
La llegada de Goirigolzarri podría acelerar la puesta en marcha del plan de saneamiento de Bankia, que en estos momentos pasa por inyectar unos 7.000 millones de euros en ayudas públicas a través de bonos convertibles contingentes (denominados cocos), tal y como había diseñado el equipo de Rato, o bien por nacionalizar una parte de su accionariado.
La idea es que haya una solución para Bankia durante esta semana, en la que el Gobierno aprobará una contundente nueva reforma financiera en el Consejo de Ministros del próximo viernes. Lejos de conformarse con las exigencias de algo más de 50.000 millones en provisiones para cubrir el riesgo inmobiliario que impuso en marzo, el Ejecutivo quiere ahora saneamientos adicionales por otros cerca de 40.000 millones. Las entidades tendrán, según los borradores que se manejan hasta ahora, que cubrir los créditos sanos con provisiones que pueden llegar hasta el 30%, aunque otras fuentes aseguran que podría quedarse en un mínimo del 14%, ambas cifras muy superiores al 7% actual, que ya se incrementó en la última reforma.
Junto a estas mayores exigencias, el Ejecutivo autorizará a la creación voluntaria de sociedades inmobiliarias (sucedáneo de banco malo) en las que las entidades podrán aparcar sus activos del ladrillo. No obstante, al tiempo tendrán que reconocer enormes pérdidas en su valoración, lo que llevará a buena parte de ellas a cuantiosos números rojos y, por tanto, a reducciones de su solvencia. Para que puedan sobrevivir a este proceso, el Gobierno está estudiando la inyección de nuevas ayudas públicas a través de la nacionalización parcial (entrada en su accionariado y su Consejo) de las entidades que lo requieran.
