El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI- FATF) acaba de hacer público el Informe de Evaluación Mutua realizado a España durante este año 2014. Dicha evaluación se ha desarrollado atendiendo a la nueva metodología que, junto a Noruega, estrena España, caracterizada por la utilización de dos enfoques complementarios: de una parte, la evaluación del cumplimiento técnico de las 40 Recomendaciones y, de otra, la evaluación de la Efectividad.
GAFI ha destacado que “las medidas de España para manejar y posibilitar el acceso a la información sobre titulares reales son un ejemplo de buenas prácticas para otros países", haciendo referencia particular al Índice Único Informatizado y la base de Datos de Titulares Reales del Consejo General del Notariado.
Las conclusiones del GAFI sobre España suponen un aliciente para que todos los involucrados sigan trabajando como lo han venido haciendo hasta ahora, sobre todo teniendo en cuenta que algunas noticias publicadas en los últimos tiempos han podido dar una imagen de nuestro país muy alejada de la profesionalidad y diligencia con las que se ha estado trabajando para avanzar en la prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo.
Respecto de la evaluación del cumplimiento técnico de las 40 Recomendaciones: España cumple (C) en 25 de las Recomendaciones, en la medida que el GAFI considera que no hay deficiencias; cumple mayoritariamente (LC) con 12 de las Recomendaciones, lo que significa que solo se han hallado deficiencias menores; y cumple parcialmente (PC), pues existen deficiencias moderadas, en las 3 Recomendaciones restantes. En ninguna se ha obtenido la calificación no cumple (NC).
En relación con la evaluación de la Efectividad, de los once resultados inmediatos en los que se agrupan por sectores las Recomendaciones a estos efectos, la calificación ha sido: Alto en uno de ellos (Inteligencia Financiera), Sustancial en siete y Moderado en tres. Ninguno de los sectores ha sido evaluado como Bajo.
A partir de estos resultados, se han recomendado a España las siguientes acciones prioritarias:
- Intensificar la supervisión de abogados, de agentes inmobiliarios y de los denominados Proveedores de Servicios Societarios y Fideicomisos (TCSP, por sus siglas en inglés).
- Cubrir las lagunas legales en la supervisión de los Operadores de Transferencia de Dinero o Valor (MVTS, por sus siglas en inglés), a través de medidas proactivas para: identificar y sancionar a aquellos que operan sin licencia; y trabajar con colegas extranjeros para asegurar una adecuada supervisión de los MVTS que operan bajo Pasaporte Comunitario.
- Asegurar la aplicación de sanciones adecuadas a los delitos y adaptar el Código Penal para ampliar el plazo máximo de inhabilitación de profesionales. Igualmente, aplicar sanciones financieras enfocadas.
- Aumentar los recursos del SEPBLAC para la supervisión.
- Trabajar en colaboración con la UE para actualizar rápidamente la regulación de transferencias electrónicas.
Como conclusión podríamos afirmar que, sin perjuicio de que siempre es preciso mejorar y seguir trabajando con firmeza en la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, el resultado global ha sido muy satisfactorio, sobre todo comparándolo con la última evaluación de España que realizó el GAFI. El resultado es fruto del esfuerzo conjunto de todos los sujetos obligados, impulsados en una misma dirección bajo la coordinación del SEPBLAC, en el marco de sus funciones supervisoras, y con el apoyo del Tesoro, que ha preparado la normativa necesaria para hacerlo posible.