En su último informe, la OCDE extiende una serie de “recomendaciones” a España para cumplir con una serie de deberes que tenemos pendientes mucho antes de la crisis. Uno de ellos es la sostenibilidad estructural del sistema público de pensiones, para el que recomienda extender el cómputo de la pensión a toda la vida laboral e incrementar el plazo para tener derecho a la máxima prestación.
El informe sale a la luz días después de que el INE haya informado que, según sus proyecciones, la España de dentro de 40 años tendrá una población en la que el 37% de sus ciudadanos tendrán más de 64 años, frente al 17,4% actual. Nuestro país será dentro de unas décadas uno de los países más envejecidos del mundo ante la persistencia de dos tendencias, baja natalidad y aumento de la esperanza de vida. Ello nos traslada a que en 2052 la tasa de dependencia podría pasar del 50,4% actual al 99,5%. Es decir, por cada persona en edad de trabajar habrá otra inactiva (menores de 16 años y mayores de 65).
Y aunque la fecha se nos antoja lejana, la realidad es que la Seguridad Social ya ha entrado en números rojos. Se trata de una desviación coyuntural, sí, pero hay un problema estructural que está exigiendo tomar medidas desde ayer por parte la administración pública, ya que en materia fiscal, esta tendencia supone un fuerte desequilibrio presupuestario ante el aumento continuado del gasto en pensiones y sanidad.
El sistema público de pensiones es insostenible en el largo plazo tal como está diseñado, por lo que el debate sobre su reforma se antoja evidente y necesario. Por dónde empezamos, ha de plantearse el Gobierno. Junto las recomendaciones de la OCDE de ampliar la base de computación de las pensiones a toda la vida del trabajador e incrementar el plazo para tener derecho a la máxima prestación, los economistas llevan tiempo planteando el aumento la edad de jubilación, la introducción de elementos de capitalización, o medidas de incremento de la natalidad. Sobre la mesa también podría plantearse aumentar el gravamen sobre el trabajo (es decir, las cotizaciones sociales por trabajador), aumentar los impuestos, o reducir las prestaciones; elementos con efectos colaterales negativos sobre el crecimiento económico. Y por supuesto, aumentar la productividad: menos recursos, mayor producción.
Señores, con el debate sobre la mesa, y condicionado a la arbitrariedad política, hemos de plantearnos de forma obligatoria un mecanismo de ahorro adicional para garantizarnos una prestación económica que mantenga nuestro poder adquisitivo tras la jubilación. Con ello, planteo dos cuestiones. Primera, ¿está el ciudadano medio español realmente concienciado de esta necesidad?; segunda, y que más concierne a nuestro sector, ¿cuida la industria de nuestro país este tipo de inversiones colectivas?
Respecto a la primera, me inclino a pensar que una gran parte de la sociedad no está concienciada de esta necesidad. Lamentablemente, incluso concienciados, ante el entorno actual muchos ciudadanos no podrán ser capaces de hacer frente a ni a este ni a otro tipo de ahorro.
En cuanto a si la industria cuida las pensiones, los resultados de los productos para la jubilación no dejan lugar a dudas. NO, pero eso podría dar lugar a próximas entradas.