En 2013, la implementación de la directiva europea AIFMD en los marcos legales de todos los estados miembros de la Unión Europea abrirá las puertas a una nueva era para el mercado de inversión alternativa. Luxemburgo ya se ha anticipado a los cambios que vendrán en el futuro motivados por dicha normativa mediante un borrador de ley, aprobado por el Parlamento el pasado 6 de marzo, para adaptar la ley actual (que data del 13 de febrero de 2007) de fondos de inversión especializados o SIF (specialized investment funds). Un paso destinado a aumentar su atractivo como domicilio de nuevos fondos y adaptarse con antelación a la implementación de AIFMD. "Con estos cambios, el borrador de ley asimila las pasadas experiencias del CSSF, alinea ciertas provisiones de las SIF con la directiva UCITS IV y prepara el aterrizaje de la AIFMD", resume David Louis, abogado en la firma legal Vandenbulke.
Entre los cambios más significativos está el requisito, aplicable a las SIF, de obtener la aprobación del supervisor luxemburgués, la CSSF, antes de empezar su actividad. “Con la ley de 2007, existía la posibilidad, bajo ciertas condiciones, de lanzar una SIF antes de obtener la aprobación formal de CSSF”, explica el experto. Sin embargo, el procedimiento generaba incertidumbres sobre el estatus legal de la SIF durante el periodo comprendido entre su lanzamiento y dicha aprobación. De hecho, en la práctica, Louis explica que la mayoría de los fondos optaban por la aprobación previa debido a las exigencias de los proveedores de servicios, que recomendaban tener luz verde del supervisor antes de lanzar el producto y acceder a sus servicios. El experto explica que sólo en los casos en los que se replicaba algún folleto ya aprobado previamente las gestoras se saltaban dicha supervisión.
Por eso, cree que la medida no tendrá grandes implicaciones prácticas, pero sí el beneficio de disminuir la incertidumbre. “Es algo bienvenido por la industria pues elimina dudas sobre el estatus de la SIF”, dice, haciendo frente a críticas como las de Gibraltar, que cree que con el cambio normativo será el domicilio con los tiempos más rápidos para registrar nuevos fondos, según publica Investment Europe, y afirma que esa obligación puede retrasar el registro de los vehículos en Luxemburgo. El experto cree que no habrá retraso: “El proceso completo de aprobación -cuya duración puede oscilar entre 6 y 8 semanas- tendria que tardar menos gracias a la CSSF, que se ha comprometido a responder a las peticiones de creación de SIF y hacer los primeros comentarios en un plazo máximo de 10 días desde su recepción”, explica Louis, lo que supone un compromiso de agilidad en su gestión.
Otro de los cambios que introduce la nueva ley está relacionado con la delegación, algo que según Louis aportará más seguridad. “Las estrictas reglas en cuanto a la delegación de funciones tendrán ahora un sustento legal”, comenta, algo que en la práctica ya se trataba de lograr con las condiciones implantadas en 2002 con UCITS III, según las cuales el delegado tiene que probar su experiencia y honorabilidad, y el fondo ha de supervisar a la gestora en la que delega. Ahora las condiciones serán similares a éstas en la práctica, pero en la nueva norma figurará explícitamente que la delegación de la gestión sólo será posible a individuos o empresas sujetas a supervisión prudencial (con algunas pequeñas excepciones).
La norma también obligará a las SIF a implementar sistemas de gestión de riesgo para detectar, medir, gestionar y monitorizar el riesgo asociado a las posiciones de inversión y la contribución al perfil de riesgo del a cartera, y también tendrá que incluir medidas apropiadas para mitigar los conflictos de interés, en línea con las reglas UCITS y de AIFMD.
Con respecto a la información, con la nueva norma las SIF tendrán que incluir medidas para asegurar que los inversores se califiquen como "Well Informed Investors" (inversores bien informados). “Si antes se pedía que el inversor fuera un "Well Informed Investor", pero sin especificar requisitos, ahora se tendrán que implementar los procedimientos para asegurar esa calificación”, explica Louis.
Según el análisis del abogado, la ley también permitirá “quitar polvo” a la industria. Así, si antes los escritos en inglés debían ser traducidos a francés o alemán, con los consiguientes costes económicos y de tiempo, ahora la ley sólo obligará a redactar en inglés, además de otras medidas que facilitarán las tareas de las gestoras. “Inspirado en la legislación UCITS IV, el borrador de ley facilitará la organización de eventos (…) y las SIF no tendrán que enviar los reportes anuales, de gestión y de auditoría, junto con la convocatoria a las reuniones, a los accionistas, aunque en la convocatoria tendrán que indicar el lugar donde esos documentos están disponibles”, explica Louis. Otra medida es la creación de una base de datos o de registro para las compañías listadas en la UE para facilitar el proceso de voto y ejercicio de derechos de los partícipes, pues los requisitos anteriores no se adaptan al tamaño de algunas SIF, según Louis.
En su análisis, también destaca una nueva herramienta de inversión, el llamado “cross-investment”, que supone la oportunidad para los sub fondos de una SIF de invertir en sub fondos de la misma entidad, siempre que se respete la política de inversión. “Según UCITS, la inversión en un sub fondo está sujeta a condiciones específicas, como la suspensión de los derechos de voto durante el periodo, la prohibición de que haya una inversión de doble sentido (es decir, que el subfondo invertido invierta después en el subfondo inversor) y el no reconocimiento de su valor para el cálculo del mínimo umbral de activos netos. La diferencia estará ahora en que no se requiere una inversión limitada (20% o 25%), las comisiones de suscripción, reembolsos y gestión pueden ser cobradas y el subfondo podrá invertir en en otros subfondos de la misma SIF (con la excepción única del subfondo inversor)", explica el abogado.
1 de abril o 1 de mayo
Con respecto al timming, la ley aprobada por el Parlamento aún no está en vigor. El Parlamento ha solicitado al Consejo de Estado evitar el trámite, exigido por ley, de una segunda votación en el mismo Parlamento, una práctica común cuando se quieren aprobar normativas y ganar tiempo. Una vez que el Consejo dé el permiso, la ley se publicará y entrará en vigor el día 1 del mes siguiente, con lo que Louis calcula que podría estar en vigor el 1 de abril o el 1 de mayo, en función del ritmo de los actores implicados en el proceso. Sin embargo, todo lo referido a la gestión de riesgos y conflicto de interés debe implementarse el 30 de junio de este año y los aspectos referidos a la delegación, un año después.