Descarbonización de portfolios: deberes y obligaciones


La XXI Conferencia Internacional sobre Cambio Climático celebrada en París a principios de diciembre pasado supone un hito de alcance histórico con notables repercusiones tanto para las compañías como para los gestores de activos en el ámbito financiero. El compromiso para lograr que el aumento de la temperatura global deba estar muy por debajo de los 2ºC en 2100 supone un firme objetivo para la transición hacia una economía baja en carbono a través de una fuerte reducción de la emisión de gases de efecto invernadero (GHG). Pero, ¿de qué manera los gestores de carteras y compañías contribuirán a dicha meta?

La gestión de activos es considerada un punto esencial en el proceso de “descarbonización” de la economía ya que es uno de los canales más relevantes de transmisión de financiación a compañías e instituciones públicas. Estudios recientes avalan que la implicación de los gestores con la causa se encuentra, en términos generales, en una etapa inicial, en la medida que menos de la mitad tienen en cuenta cuestiones relacionadas al cambio climático en sus procesos de inversión. En todo caso, son cada vez más los inversores los que exigen a los gestores publicidad sobre el impacto medioambiental de sus carteras, la denominada habitualmente “huella de carbono”, que mide la totalidad de GHG emitidos por efecto directo o indirecto de cada una de las inversiones.

¿De qué manera puede minimizarse el impacto medioambiental de una cartera de activos? Por un lado, existe un grupo creciente de inversores institucionales que han adoptado decisiones del estilo “carbon free”, “fossil free” o algunas de sus variantes, siendo compromisos explícitos de no invertir en proyectos con elevadas emisiones GHG derivadas del carbón o los combustibles fósiles. De hecho, a finales de 2015 conocíamos como un nutrido grupo de reputados jugadores del sector financiero como Goldman Sachs, BNP o Allianz dejaban de financiar actividades vinculadas con el carbón, una cuestión que no es baladí en términos de flujos; según Sustainalytics con datos a 18 de noviembre 2015, entre un 40 y 50% de los inversores de compañías como Anglo American, BHP Billiton o Royal Dutch Shell eran firmantes de los Principios de Inversión Responsable (PRI) o entre un 3.5-5% de los accionistas de dichas compañías asimismo se habían unido al Protocolo de Montreal o a la Coalición para la Descarbonización de Carteras.

Dichos pasos son correctos en aras de descarbonizar las carteras bajo una óptica de la exclusión en términos ASG, pero quizás un primer paso que debería completarse con ­­­­­­­­­estrategias de integración que conlleven políticas de ISR más avanzadas. En este sentido, probablemente la solución pase por una mayor implicación o engagement por parte de los inversores (deberes) y un mayor compromiso medioambiental de corporaciones y estados (obligaciones). ¿Cómo el inversor puede influir o implicarse sobre los proyectos en los que invierte? Quizás con algunos ejemplos sectoriales podamos ofrecer alguna pista.

Un caso muy plausible es el que concierne a las aerolíneas, altamente intensivas en combustibles fósiles y con elevados índices de emisión de GHG. IATA, bajo cuyos estándares de seguridad se concentra el 85% del tráfico civil mundial, realizó un compromiso según el cual se mejorará en promedio de forma global la tasa de eficiencia en fuel un 1.5% por año entre 2010 y 2020, año a partir del cual se alcanzaría un crecimiento “carbon-neutral”. Las aerolíneas se están centrando en la eficiencia energética de las aeronaves que utilizan, pero bien harían en focalizar sus esfuerzos, en la misma medida que los inversores incidan sobre ello, en programas de I+D sobre combustibles alternativos, medida con mayor capacidad para alcanzar los objetivos de eficiencia energética propuestos.

Un segundo sector con amplio margen de mejora en términos de impacto medioambiental es el Real Estate, uno de los mayores consumidores de energía - aproximadamente un 40% de la energía global - y fuente de CO2 - emiten un 30% del total. Las compañías del sector deben focalizar sus esfuerzos en el uso de nuevas tecnologías en la construcción de los edificios, así como en la certificación por parte de externos, una tendencia que los inversores deben continuar “exigiendo” a través del ejercicio de sus derechos políticos con el apoyo de la presión regulatoria. 

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