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Consecuencias imprevistas de la regulación: los efectos secundarios de la RDR


La implementación de MiFID II está cada vez más cerca –aunque últimamente han surgido voces a favor de que se retrase un año– y los miembros del sector de los productos de inversión se mueven entre la expectativa de que la directiva abra nuevas oportunidades y la incertidumbre sobre cuál será el impacto real en los modelos de negocio. Por eso resulta interesante conocer la experiencia vivida en el Reino Unido tras la introducción en enero de 2013 de la Retail Distribution Review (RDR), normativa que, como explica Paul Dunlop, socio de consultoría en el ámbito de servicios financieros en Deloitte y director de la oficina de Londres, “comparte muchas características con MiFID II, tales como el énfasis en la protección del inversor minorista, la regulación de los conflictos de interés, la transparencia, la formación de empleados que prestan servicios de asesoramiento financiero, etc.”.

Durante su intervención en el III Foro Inversis de Innovación y Liderazgo celebrado recientemente en Madrid –y que contó con la participación de otros ponentes de la talla de Miguel Ángel Luna (Banco Popular), Marc Brodard (Schroders), Peter Grimmett (M&G Investments) y Pan Andreas (Henderson Global Investors), enre otros– Dunlop analizó los principales cambios que ha experimentado el mercado de los productos de inversión en Reino Unido en los dos últimos años, aunque subraya que “el mercado británico difiere de otros, como el español, en que la distribución de productos de inversión retail a través de redes bancaria era limitado antes de la introducción de RDR (30-40% del total), por lo que la distribución se realizaba principalmente a través de miles de pequeños asesores financieros independiente (AFI)”.

En este sentido, la prohibición de retrocesiones y la obligación de comunicar explícitamente el coste del asesoramiento que impone RDR ha provocado, por un lado, que “los bancos hayan optado por no prestar el servicio de asesoramiento a clientes minoristas porque no les resulta rentable” y, por otro, que “los AFI se hayan visto obligados a reducir sus bases de clientes para poder cumplir con las exigencias de la nueva regulación en materia de información y nivel de servicio y estén reorientando sus negocios hacia clientes con patrimonios más elevados”, lo que en la práctica ha dejado sin asesoramiento a unos 5,5 millones de clientes en el mercado británico, según estimaciones de Deloitte.

“El mercado del asesoramiento se ha reducido”, apunta Dunlop, que identifica además otras tendencias como el fuerte crecimiento de la comercialización directa, impulsada por el desarrollo tecnológico y la digitalización de los servicios. “Esto ha supuesto un enorme reto para ciertos sectores que habían dejado de comercializar directamente sus servicios entre particulares, como las aseguradoras de vida, y abre oportunidades para las firmas más grandes y con más recursos, capaces de asumir los costes tecnológicos”. Sin embargo, según los datos que maneja Deloitte, tan solo un 27% de los clientes británicos compraría directamente del proveedor de productos financieros (la mayoría prefiere hacerlo a través de su banco o de un AFI), por lo que las firmas deben encontrar la forma de romper esa barrera.

Otra tendencia que observa Dunlop es la integración vertical por la que algunas firmas –como Standard Life y Old Mutual– están realizando adquisiciones que les permitan ganar cuota en toda la cadena de valor: desde la manufactura de productos hasta la distribución, pasando por la gestión de activos y las capacidades de plataforma.

Para Dunlop, uno de los principales problemas a los que se enfrenta ahora mismo la industria británica es “definir claramente qué servicios entran dentro de la esfera del asesoramiento y cuáles no, sobre todo porque el lenguaje empleado en la normativa no es claro y deja margen a las interpretaciones”. Por eso, en el último año el regulador británico (FCA) ha puesto el énfasis en cómo presentan las firmas la información sobre asesoramiento y comisiones, que los clientes entiendan bien la diferencia entre asesoramiento independiente y no independiente (“restringido”, en términos de la FCA) y las mejores prácticas en la comunicación con clientes.

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