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¿Cómo ha influido la reforma de las pensiones mexicanas en la sostenibilidad del sistema?


En la actualidad son muchos los países en los que se está produciendo –o planteando– una transición desde los sistemas de pensiones de beneficio definido a los de contribución definida, con el fin de garantizar la sostenibilidad del sistema a largo plazo. México inició ese camino en 1997, con la reforma de las pensiones de los trabajadores del sector privado, a la que siguió en 2007 la de los trabajadores del sector público. ¿Cuál ha sido el resultado?

Según un estudio desarrollado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), “el sistema de cuentas individuales de contribución definida introducido en los años 90 ha sido un éxito al aumentar la capacidad de la economía mexicana para financiar las pensiones”. De acuerdo con el informe, a finales del 2014 el sistema mexicano de pensiones disponía de activos avalando las pensiones por un valor aproximado del 14.1% del PIB, lo que sitúa a México, en sólo 17 años, en el rango medio de la OCDE. Además, el informe destaca que los fondos de pensiones privados (AFORES), que manejan los ahorros de los trabajadores que financiarán su jubilación, han obtenido rendimientos del 12.53% como media anual desde su implantación (un 6.2% en términos reales).

Desafíos pendientes

No obstante, la institución identifica varios aspectos que pueden y deben mejorarse y que giran en torno a cuatro aspectos: el proceso transitorio del sistema antiguo al nuevo, el nivel de cotizaciones, el sistema de protección social a la vejez y la fragmentación del sistema. En este sentido, Ángel Gurría, Secretario General de la OCDE, subraya que “el nuevo sistema de contribución definida sólo tendrá éxito si se incrementan las contribuciones obligatorias y se introduce un mecanismo de pro-rata para allanar la transición del viejo sistema de beneficio definido al nuevo sistema de contribución definida”. 

Asimismo, el informe enfatiza la importancia de aumentar las contribuciones al sistema –y reducir el tamaño del sector informal, aunque ese aspecto queda fuera del ámbito del estudio– ya que las actuales son relativamente bajas para poder garantizar un nivel de ingreso de más del 50% del último salario de los trabajadores. Actualmente, “una contribución del 6.5% en el mejor de los casos, para un asalariado medio, podría dar lugar a una tasa de remplazo de sólo el 26%”, de acuerdo con los cálculos de la OCDE.

Respecto de la protección para los adultos mayores, el estudio cifra la tasa de pobreza entre los adultos mayores en México en más de 30% de la población de este grupo de edad, lo que la convierte en la segunda más alta de la OCDE, después de Corea. Para superar esta situación, se propone aumentar el nivel de asistencia a la vejez y mejorar la integración entre el nivel asistencial, es decir las pensiones para adultos mayores, y la pensión mínima garantizada.

El cuarto desafío pendiente para el sistema de pensiones de México que señala el estudio consiste en “armonizar gradualmente las reglas de todos los planes de pensiones –del gobierno federal, de los gobiernos locales y de las universidades, entre otros con el objetivo de eventualmente establecer un sistema de pensiones realmente nacional y equivalente para todos los mexicanos”.

SIEFORE y AFORE

El estudio también pone énfasis en el nivel de restricción del actual régimen de inversión (las SIEFORE): “Por el momento, los trabajadores tienen opciones muy limitadas bajo el sistema de multifondos. A pesar de la mayor diversificación de las carteras, los fondos de pensiones en México todavía se concentran principalmente en deuda cuando se compara con otros países de la OCDE. Los límites de inversión para renta variable y valores extranjeros son restrictivos para las SIEFORE y evitan la diversificación y la correlación negativa entre las inversiones”.

Respecto de las Administradoras de Fondos para el Retiro (AFORES), el estudio considera que “los incentivos en los procesos de registro, asignación y traspaso de cuentas individuales son insuficientes para fomentar la competencia. Si bien las tasas cobradas por AFORE en México han disminuido en más de 70 puntos básicos en la última década, los niveles siguen siendo altos en un contexto internacional”.

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