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Argentina insta a las universidades para registrarse como calificadoras de crédito


Las tarifas que se cobran por este tipo de servicios varían de los 30.000 a los 250.000 pesos, aunque en las universidades aseguran que ofrecerán tarifas más económicas para que puedan acceder los municipios y las pequeñas compañías. El secretario de Hacienda de la Facultad de Económicas de la UBA y director del proyecto, Cesar Albornoz, dijo que los ingresos que se generen irán para la Facultad y para pagar el sueldo de algún empleado administrativo que se sume al proyecto. “Vamos a utilizar nuestra propia planta de profesores así que no necesitamos contratar demasiado personal”, añadió Albornoz en diálogo con Clarín.

Por su parte, María Castiglioni, economista en la empresa de investigación C&T Asesores Económicos, indicó a El Mostrador que “las agencias oficiales pueden perfectamente ejercer presión sobre las calificaciones”. “Son universidades públicas financiadas con presupuesto estatal”. Las universidades pueden verse obligadas a otorgar a las empresas y las provincias calificaciones que establezcan que sus títulos están en condiciones de ser comprados por aseguradoras y fondos de inversión, dijo Castiglioni.

Cuando se les preguntó a las calificadoras de créditos sobre el impacto de la ley sobre la empresa, Moody’s indicó que no puede hacer ningún comentario dado que la CNV (Comisión Nacional de Valores) todavía no ha completado las regulaciones, señaló la empresa en un comunicado por email. S&P señaló en un comunicado que “celebramos la competencia. El mercado se beneficia con una diversidad de opiniones sobre el riesgo crediticio que sean independientes, transparentes y comparables en todas las clases de activos y geografías”. Por su parte, Elizabeth Fogerty, una portavoz de Fitch, se negó a hacer declaraciones.

Otros efectos de la ley

La nueva ley habilita a la CNV a supervisar a las empresas calificadoras, a designar observadores con facultades de vetar los directorios de las empresas que cotizan en bolsa, y, de ser necesario, tomar el control de esas empresas durante 180 días para proteger los intereses de las partes interesadas minoritaria.

La ley también prohíbe a las compañías calificadoras presentar recomendaciones relacionadas con la política. Ésta constituye el intento más reciente de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, de aumentar su influencia sobre la economía, habilitando a instituciones estatales como árbitros de la calidad crediticia, dijo Castiglioni.

Asimismo, la ley obligará a las aseguradoras a invertir hasta 30% de sus fondos en proyectos productivos y de infraestructura, según indicó en octubre, la presidenta argentina.

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