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AFP Capital finaliza el año presentando una demanda contra La Polar, PwC y nueve ex ejecutivos


La Polar protagonizó una de las mayores crisis financieras de los últimos años en Chile. En 2011, la empresa informó de que sus provisiones frente a créditos impagos podrían aumentar entre 150.000 millones y 200.000 millones de pesos, lo que desató una tormenta en el mercado y la acción se desplomó un 42% en un día. Para esas fechas, las AFP eran las principales accionistas de La Polar, con una participación combinada de en torno al 24%. Esta cifra representaba un 0,21% del total de activos que manejan las administradoras, y un 1,43% de sus inversiones en acciones locales.

La inversión en la empresa suponía un impacto bastante reducido para los fondos de pensiones, pero las AFP mostraron su indignación por las faltas cometidas e iniciaron acciones administrativas y legales contra la empresa. La última acción que se ha tomado al respecto ha sido por parte de AFP Capital, la cual presentó al cerrar el 2013 una demanda indemnizatoria en contra de La Polar, PricewaterhouseCoopers y nueve ex ejecutivos: Pablo Alcalde, Marta Bahamondes, María Isabel Farah, Pablo Fuenzalida, Martín González, Santiago Grage, Julián Moreno, Nicolás Ramírez e Ismael Tapia.

No obstante, las AFP, mostraron su indignación por el caso asegurando que estudian acciones administrativas y legales contra la empresa - See more at: http://fundspeople.cl/noticias/crisis-financiera-en-la-polar#sthash.iu4zY3WW.dpuf

Según informó la entidad en un comunicado, la demanda contra la empresa La Polar se debe a la negligencia para establecer contrapesos y filtros organizacionales idóneos y eficaces para que los administradores demandados no cometieran el fraude. En cuanto a la auditora, la demanda se debe por haber incumplido su obligación legal de auditar la contabilidad, inventario, balance y demás estados financieros de la Polar y sus filiales correspondientes al período que abarca los años 2007 a 2010.

Por último, la demanda contra los nueve ex ejecutivos se fundamenta en diversas infracciones a la Ley de Sociedades Anónimas, a la Ley de Mercado de Valores y a la Ley General de Bancos. Éstas son: entrega maliciosa de antecedentes falsos a la SVS, mercado o público en general; declaraciones maliciosamente falsas; presentación de cuentas irregulares a los accionistas, informaciones falsas y ocultamiento de informaciones sociales esenciales; violación del deber de reserva que pesaba sobre ellos y utilización de información privilegiada en beneficio propio; uso de información privilegiada en transacciones de valores de oferta pública, y declaraciones falsas sobre propiedad y conformación del capital de la empresa y su aprobación o presentación.

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